En Montevideo, el día martes 3 de di

ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

Sesión Ordinaria del 16 de noviembre de 2005

ACTA Nº

En Montevideo, a los dieciséis días del mes de noviembre de 2005, se reúne la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República, bajo de la Presidencia del Arq. Carlos Acuña, actuando en la Mesa la Segunda Vicepresidente, Br. Inés Martínez y las Secretarias por el Orden Docente y Egresados, Lic. Pilar González y Lic. Mirtha Delfino, registrándose la siguiente asistencia:

Por la Facultad de Agronomía: Orden Docente: Sr. Gabriel Rovere.

Por la Facultad de Arquitectura: Orden Docente: Sr. Carlos Acuña; Orden Egresados: Sres. Norberto Cubría y Miguel Cecilio.

Por la Facultad de Ciencias: Orden Estudiantil: Sr. Adrián Márquez.

Por la Facultad de Ciencias Sociales: Orden Docente: Susana Mallo; Orden Egresados: Sra. Rosario Vilas; Orden Estudiantil: Sra. Inés Martínez.

Por la Facultad de Derecho: Orden Docente: Sr. Jaime Piperno.

Por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: Orden Docente: Sra. Mónica Sans.

Por la Facultad de Ingeniería: Orden Docente: Sres. Roberto Markarian, Gonzalo Casaravilla y Carlos Anido; Orden Egresados: Sr. Joaquín Guijarro.

Por la Facultad de Psicología: Orden Docente: Sra. Susana Goldstein; Orden Egresados: Sras. Teresita González y Amelia Masse; Orden Estudiantil: Sr. Agustín Cano.

Por la Facultad de Química: Orden Docente: Sra. Laura Fornaro; Orden Egresados: Sres. Heraldo Bianchi y José Sendin.

Por la Facultad de Veterinaria: Orden Docente: Edgardo Rodas.

Por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes: Orden Docente: Jaime Sztern; Orden Egresados: Sra. Yolanda Araujo.

Por la Facultad de Enfermería: Orden Docente: Sra. Pilar González; Orden Egresados: Sras. Gladys Picción y Mirtha Delfino.

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(Es la hora 20:00)

ASUNTOS ENTRADOS

Solicitudes de Licencia

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo quórum se da comienzo a la sesión.

Han solicitado licencia por el Orden Docente, Sergio Barszcz, de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración; Rodolfo Porrini, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Milka Bengochea, Facultad de Medicina; y, Hugo Calabria, Facultad de Odontología.

Por el Orden de Egresados han solicitado licencia Rosario Pintos, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración; y, Walter Menéndez, Facultad de Ciencias Sociales.

Se va a votar si se aceptan las licencias solicitadas.

____AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Informe de delegados al Consejo Directivo Central

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra Jaime Sztern para dar el informe de los delegados al Consejo Directivo Central.

SEÑOR SZTERN. Cuento un poco con la ayuda de Agustín Cano porque recién llegué del interior del país y todavía estoy aterrizando en el Claustro.

Creo que lo más importante atinente al Claustro fue la designación que se produjo en el día de ayer de los delegados a la Comisión que va a atender el tema de la ley de educación. Se propuso como titulares al arquitecto Acuña y a Elsa Gatti y como suplentes a Roberto Markarian y Roque Faraone. El resto se trató de temas de trámite normal. A partir de una propuesta que hizo la FEUU se reelaboró ésta última que se votó en el día de ayer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Personalmente quiero preguntar a los Consejeros qué pasó en la penúltima sesión con respecto a la discusión de la llamada Agencia de Innovación, que figura en el artículo 236 del proyecto de presupuesto.

Tengo entendido que dio lugar a una intensa discusión respecto a esto, pero también acerca de cómo maneja la Universidad y en especial el Claustro el tema de la investigación, ciencia, tecnología e innovación.

He leído las actas y me parece que se ha aludido a la Asamblea General del Claustro a mi juicio en forma injusta por algunos integrantes del Consejo Directivo Central, pero quisiera tener una visión un poco más directa de lo que pasó en esa sesión, más allá de la lectura de las actas, que además he realizado.

SEÑOR CANO.- Buenas noches.

Pido disculpas por la demora en llegar a la sesión. Especulé con la hora en que normalmente se alcanza el quórum y además estaba en una reunión de la FEUU con el Ministerio del Interior, debido a la situación que todos conocen de los cuatro compañeros militantes sociales presos y la FEUU ha asumido la lucha por esos compañeros como una lucha propia. Fuimos convocados al ministerio junto con el PIT-CNT para tener un intercambio sobre el tema, por lo que puedo decir que fui retenido por el Ministerio del Interior. Espero que sea una causa suficiente para excusar mi demora.

Tengo entendido que se estaba dando el informe con respecto al CDC y se consultaba con relación al punto referente al asesoramiento que esta Asamblea había dado con respecto a los proyectos de ciencia, investigación, tecnología e innovación.

Fue una discusión bastante larga, con una gran divergencia de opiniones. Hubo profundos cuestionamientos por parte de algunos Consejeros a lo que fue el asesoramiento de esta Asamblea.

En nuestra intervención nosotros señalamos que la discusión en sí no fue sobre el documento emanado de la Asamblea, cuya discusión oportunamente fue muy superficial. En aquel momento la Asamblea proponía la conformación de un grupo de trabajo mixto y el Consejo Directivo Central en su momento había decidido encomendar al Rector que conjuntamente con el Presidente de la Asamblea ajustara la propuesta para ver qué grupo se convocaba, algo que nunca se hizo. Sin embargo, la discusión aparecía no sobre el documento en sí del asesoramiento de la Asamblea sino a razón de lo que fue un planteamiento del Orden Docente, apoyado por nosotros, respecto a algunos artículos del proyecto de ley presupuestal que el Poder Ejecutivo elevó al Parlamento y en el cual se prevé la futura creación de una Agencia Nacional de Innovación. A partir de ahí es que se volvió a discutir el documento de la Asamblea, porque el punto en sí no estaba y había quedado como en el olvido.

La discusión fue larga y no sé si estaría en condiciones de lograr una buena síntesis de las diferentes opiniones. Quizás lo mejor sea solicitar las actas y distribuirlas entre los asambleístas.

Con respecto a lo resuelto, hubo una propuesta nuestra de revivir la conformación del grupo de trabajo mixto, ahora en una nueva coyuntura, porque este proyecto de Agencia Nacional de Innovación está previsto en la ley de presupuesto y en un futuro no muy lejano tendrá una discusión parlamentaria específica en un proyecto de ley. Por tanto, la Universidad deberá participar, con el protagonismo que seamos capaces de alcanzar en la discusión de este tema. Previendo esa situación es que nosotros volvimos a plantear el tema. Preguntamos al Rector por qué no fue convocado el grupo, tal cual había sido resuelto y le planteamos que se hiciera. No sé si el Rector se ha comunicado con el Presidente de la Asamblea para ver qué se hace. Nos parece importante que esto que fue una propuesta por la Asamblea y de alguna forma también resuelto por el CDC, que decidió realizar una reunión para ajustar las características, sea realizado.

Además, en tanto la Universidad ya había comparecido al Parlamento con respecto al proyecto de ley presupuestal y su participación había sido exclusivamente sobre el punto referido al proyecto presupuestal de la Universidad y del sistema educativo y no había advertido la delegación universitaria que participó la pertinencia de referirse a este artículo de la Agencia Nacional de Innovación, se entendió las condiciones no estaban como para solicitar una nueva comparecencia, y esto se postergó para cuando el proyecto específico ingrese a la Cámara.

La propuesta del Orden Docente, que nosotros acompañamos y resultó minoritaria, era volver a plantear en el marco de la discusión presupuestal una comparecencia específica sobre este tema, solicitando también la participación de la Universidad en la diagramación de ese debate futuro, que más o menos ya está estipulado en la ley presupuestal. Eso no fue aprobado por el Consejo Directivo Central.

Hubo un gran debate en torno a cuál es el rol que la Constitución de la República delega en la Universidad de la República respecto a determinadas funciones y su carácter constitucionalmente establecido como monopólico, algo que en algún sentido estaba planteado en el documento de la Asamblea, entendiendo que claramente la Constitución establece que hay determinadas funciones que son competencias del estado y que las organiza a través del ente autónomo Universidad de la República y es el único nombre de un ente educativo que aparece con nombre y apellido. Eso fue todo un debate.

Finalmente, en la fundamentación de la síntesis quedó que el eje de la cuestión era la palabra innovación. Que para la creación de conocimiento y la investigación esto sería más claro, pero que la palabra innovación es diferente y tiene otro alcance.

Se iba a plantear algún tipo de contacto entre el Rector y la Comisión del Senado que estudie el tema y el equipo del Poder Ejecutivo que está trabajando en el tema, a fin de conocer los reales alcances del proyecto de ley.

Eso es un poco lo que se discutió y se resolvió. Creo que sería oportuno repartir las actas y en todo caso tener quizás una acción más protagónica como Asamblea a través del Presidente, con referencia a la integración del grupo de trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias.

Si los claustristas están de acuerdo repartimos las actas de esa sesión. Creo que vale la pena. No voy a hacer más comentarios.

Ha llegado a la Mesa una nota de ADUR-Central, que dice lo siguiente: “Sr. Presidente de la Asamblea General del Claustro, de nuestra mayor consideración: Enviamos a usted la resolución de los Ordenes Estudiantil y Docente, en relación a las consideraciones sobre el contenido del Artículo 236 del proyecto de presupuesto a discusión del Senado, la cual fuera enviada al Sr. Presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado de la República Senador Víctor Vaillant.”

Paso a leer la nota: “ADUR CENTRAL.- Montevideo, 7 de noviembre de 2005.- Sr. Presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado de la República Senador Víctor Vaillant.- De nuestra mayor consideración: Nos dirigimos a Ud. para manifestarle las siguientes consideraciones sobre el contenido del Artículo 236 del proyecto de presupuesto a discusión del Senado.- 1. En dicho artículo se crea, se integra y se establecen los cometidos de la Agencia Nacional de Innovación: `organizar y administrar instrumentos y medidas para la promoción y el fomento de la innovación, la ciencia y la tecnología´. 2. Es nuestra opinión que este tipo de decisiones no debiera formar parte del articulado de la Ley de Presupuesto, sino formar parte de la discusión de la ceración de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. El propio artículo en su párrafo final, se refiere a estos temas al expresar que el Poder Ejecutivo remitirá una iniciativa legislativa que `establecerá la naturaleza jurídica de la Agencia ... y regulará las bases de su funcionamiento orgánico´.- 3. Los órdenes estudiantil y docente han impulsado en la Asamblea General del Claustro de la UdelaR resoluciones conceptuosas sobre estos temas (de fecha 23 de febrero y 16 de marzo de 2005, que se adjunta).- 4. Manifestar la disposición de los gremios docente y estudiantil para colaborar en la formulación de la ley sobre Ciencia, Tecnología e Innovación. Todo ello sin desmedro de la consulta institucional de los entes de enseñanza establecida en el Art. 202 de la Constitución de la República.- Estamos a la disposición de la Comisión que Ud. preside para aclarar y ampliar los contenidos de esta nota o concertar una entrevista si Ud. lo considera de utilidad.- Nos despedimos con nuestra más alta consideración.- Héctor González, Iris Peña, Gabriel Oyhanzabal.- Asociación de Docentes de la Universidad de la República.- Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay.”

No sé si se quiere hacer alguna consideración sobre este primer punto.

SEÑORA FORNARO.- Tengo consideraciones que están vinculadas a este punto, en función de integrar el Grupo de Ciencia y Tecnología y además integrar la delegación de la Universidad al CONICYT, donde han pasado cosas respecto a esa Agencia.

Si se considera que corresponde quizás se podría informar sobre eso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, creo que vale la pena hacerlo.

SEÑORA FORNARO.- No sé si ustedes están enterados que junto con otras personas soy delegada de la Universidad al CONICYT.

El CONICYT durante este año no se reunió. La primera citación fue para el pasado 4 de noviembre. Se reunió ese día 4, se proponía un régimen mensual, pero decidimos reunirnos más frecuentemente y se reunió por segunda vez el lunes pasado.

En el seno del CONICYT se entregó este artículo de la Ley y una estructura para la Agencia que no aparece en el artículo. Se ha discutido mucho sobre esta Agencia y como resumen de la discusión no queda claro dónde va la Agencia y dónde el CONICYT en la estructura de la Agencia. Parece quedar claro --allí se dijo por parte de los representantes del ministerio-- que el Poder Ejecutivo fija políticas, que la Agencia las ejecuta y no queda muy claro dónde está el CONICYT.

Tanta fue la curiosidad de la gente que hasta se formó una mesa para tratar de ver la institucionalidad.

Se nos repartió cómo sería la estructura de la Agencia, que tendría un Directorio de cinco miembros designados a propuesta del Gabinete de la Innovación, una Coordinación Ejecutiva designada por ese Directorio y un Consejo Consultivo Honorario designado por el Directorio, que no es el CONICYT.

Informo que en la última sesión se nos suministró una propuesta de trabajo para la elaboración del plan estratégico nacional en ciencia tecnología e innovación, donde tampoco aparece el CONICYT ni se nombra a la Universidad de la República. La única cita de las universidades que hay es solamente una vez que dice universidades-ANEP.

Planteo esto porque está referido a la Agencia, desde el momento en que se está creando una Agencia que no está claro qué relación va a tener con el CONICYT. Se dice que va a ser ejecutiva, pero no está clara la competencia de la Agencia, del CONICYT y de la DINACYT.

SEÑOR CECILIO.- Con respecto a los informes que se han escuchado y a las opiniones con relación a la Agencia Nacional de Innovación y en particular a la intervención de la profesora Fornaro, no puedo menos que decir que comparto lo que Cano refería.

¿Qué sentido tiene poner en una ley de presupuesto un artículo generando un organismo al que no se le atribuyen recursos? Da la impresión que está colado, porque la Ley de Presupuesto es otra cosa. Asignar recursos a organismos de la estructura del estado sería comprensible si además de denunciar la intención le adjudicara los recursos y clarificara su integración, como para ponerla a andar una vez que la Ley Preusupuestal se apruebe. Se reitera una tradición viejísima del país, de hacer en el presupuesto una ley ómnibus, donde entran otras cosas. Pasa lo mismo con el tema del sistema nacional de salud, donde hay planteos de índole programática, pero que no avanzan en lo sustantivo del tal sistema.

A nosotros nos parece que es inútil profundizar alrededor de ese artículo y habría que ir muy firmemente en las estructuras del Poder Ejecutivo con las que la tal Agencia tendría relación, para que en la dirección que se planteaba se averiguara profundamente de qué se trata, cuáles son los roles que le caben al CONICYT, cuáles los que le caben a la Universidad, en esa imagen que dibuja la Agencia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Aclaro que el tema no está en discusión y que se ha planteado a título informativo.

SEÑORA FORNARO.- Lo que se dice en el CONICYT es que la Agencia va a ejecutar todos los fondos disponibles para investigación, ciencia, tecnología e innovación, en los distintos ministerios.

Por ejemplo, los fondos del INIA, los de los distintos ministerios que estén nombrados en el Gabinete de la Innovación, los va a ejecutar la Agencia. Ahora, si esos fondos son los asignados anteriormente en el presupuesto o no, no está explícito, pero van a ser todos los fondos. No sé si los fondos son para trabajar la Agencia o para ejecutar. Eso no lo tengo claro.

SEÑOR CECILIO.- Ése es un parecer, hasta que aparezca una ley que diga que tales fondos los administra tal estructura. Es un parecer del personal del CONICYT respecto al tema, que supongo que estará muy bien informado, pero para que eso sea realmente derecho tiene que suceder que una ley habilite a alguien a disponer de los fondos. Lo que hay acá es un artículo.

SEÑOR MARKARIAN.- Quiero manifestar mi acuerdo con la preocupación que comenzó con la ingenua pregunta que hizo el señor Presidente a los Consejeros sobre el asunto.

Leí el acta de a trozos y me quedé muy preocupado de lo que allí se decía. Creo que cuando se reparta a todos los miembros de la Asamblea podrán opinar.

A decir verdad me preocupa más el modo como está tratando la temática del desarrollo tecnológico, de ciencia y de innovación, a través de ese pequeño artículo, que es pequeño pero si se mira el entorno en el cual se está procesando la elaboración es claro que va en el sentido de una muy fuerte centralización de las políticas y de las inversiones del país en esta materia. Esto, sobre lo cual no manifiesto discrepancia a priori, considero que debería ser un tema a discutir, en qué medida una centralización muy grande de esas políticas corresponde.

Tengo la impresión que votar un artículo como el podría votar el Senado, de esta manera, está pautando que eso va a ser hecho de esa forma, porque el entorno en el cual están elaborados estos documentos a que ahora se hace referencia, que a mí me llegaron a través del Coordinador del CONICYT, que es Rafael Canetti, creo que claramente van en el sentido que todos estamos entreviendo.

Propondría --no sé si no será muy atrevido con el grado de funcionamiento de este Cuerpo-- que hagamos una sesión extraordinaria el miércoles que viene para tratar el tema, porque los dos aspectos son realmente de cuidado. Lo que se dice del Claustro en el Consejo Directivo Central por un lado --insisto en que no quiero opinar ahora porque querría que todos tuvieran la posibilidad de ver el acta--; las pautas de trabajo respecto a las relaciones de la Universidad con el Poder Ejecutivo, que allí se manifiestan; las formas de validación de documentos, que allí también aparecen. Y por otro, la propia temática más central referida a la política. Si uno podía criticar mucho al Claustro era porque no se pronunciaba sobre nada, pero sobre este tema lo hizo. A unos les podrá gustar más que a otros, a mí mismo hay aspectos que no me gustan mucho y ya lo he manifestado en alguna medida --pequeño con relación a lo grande--, pero no cabe duda que hubo un pronunciamiento y no puede ser que como no gusta se ignore y hasta se dice que se hizo tarde. Todo eso se expresa ahí.

No tengo a mano el Reglamento del Claustro para ver cómo se pide la realización de una sesión extraordinaria, pero hago la propuesta que convoquemos especialmente al Claustro para tratar este tema, con la información directa que vamos a tener del acta por un lado y la que se nos reparta de quienes tienen la información por otro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la realización de una sesión extraordinaria de la Asamblea General del Claustro.

(Se vota)

____AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____La sesión la realizaríamos el próximo miércoles.

Procederemos a enviar a todos los claustristas la información correspondiente: el acta y además todo lo que está surgiendo de las reuniones del CONICYT.

Propuesta de agregado a la Ordenanza de Carreras de Posgrado de la Universidad de la República sobre procedimiento de aprobación de Posgrados desarrollados por tres o más Servicios

SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos al segundo punto.

Aquí hay una propuesta de resolución elevada por los profesores Casaravilla y Anido, que pediríamos que se leyera.

La Mesa la ha hecho suya, pero corresponde que ustedes la expongan.

SEÑOR ANIDO.- Ha habido algunos pedido de aclaración con respecto al punto 2, donde dice “El plazo mínimo será de 120 días”.

Se resuelve un plazo y ése sería el tiempo mínimo para esa resolución.

Un delegado de los egresados se nos acercó con algunas dudas y pediría que él las hiciera comunes a la Asamblea, porque si no es inútil tratar de avanzar cuando ya sabemos que hay algunos comentarios sobre esto.

SEÑOR BIANCHI.- Entiendo que establecer plazos mínimos implica maximizar la duración de toda la operación de aprobación del tema, porque generalmente cuando uno establece un plazo mínimo ya es un piso de ahí para arriba.

Si nosotros consideramos todas las etapas que van a ocurrir durante el estudio de una propuesta de un posgrado, evidentemente nunca se va a poder hacer algo que lleve un plazo mínimo de tres años y creo que en esta propuesta no estamos ayudando a que las cosas vayan más rápidamente.

Se me había ocurrido pensar en la necesidad de atar la comisión que va a estudiar esto a la cantidad de créditos que tenga cada uno de los Servicios que intervengan en el proyecto de curso de posgrado.

De esa manera además estamos balanceando un poco la responsabilidad en la dinamización de la propuesta junto con el peso relativo que tiene en la intervención, cuando se trate de cursos de posgrados en los que intervengan más de un Servicio. Tengo la idea que deberíamos buscar una salida por ese lado, porque esto recién lo conocí acá, entonces no he podido estructurar una propuesta.

Quiero dejar la inquietud que hay que buscar una forma que los plazos sean mucho más cortos de los que surgen de esta propuesta.

SEÑOR CASARAVILLA.- Voy a tratar de contestar el tema del plazo.

El espíritu del plazo aquí establecido puede ser confuso, pero para ejemplificar podemos decir que si el Claustro se reúne y en una semana resuelve el tema, nosotros decimos aleluya y no hay ningún impedimento. Buscaremos la redacción, pero lo que está claro es que este artículo establece que cuando los Consejos le dan el tema al Claustro para que lo estudie están habilitados a establecer un plazo y si dentro de 120 días no lo resuelven van a seguir para adelante con el tema. Quizás la redacción no sea la más feliz, pero ésa es la idea. La idea es que el Claustro no tenga una eternidad para decidir. Así como el Consejo Directivo Central, con la Ley Orgánica que nos rige hoy en día tiene sólo 120 días para expedirse sobre un plan de estudios. Eso hoy está en el artículo 22. Si en 120 días el Consejo no se expide respecto a un plan de estudios, queda aprobado automáticamente. Esta es la misma idea, trasladada a los Claustros de Facultad, para no innovar demasiado dentro de la Universidad, porque ya tenemos suficientes cosas como para seguir inventando más.

SEÑOR BIANCHI.- ¿Me permite una interrupción?

La lectura que surge del punto 2 no dice eso. Acá dice que se establece un plazo mínimo al Claustro para que lo resuelva, entonces estamos poniendo de ahí para arriba. Acá no dice que si a los 120 días no hubo resolución lo ignoran y siguen para adelante, sino que se dice que tienen que tardar más de 120 días.

SEÑOR CASARAVILLA.- Estoy de acuerdo que hablar del máximo de un plazo mínimo es complicado. Hay que buscar la redacción adecuada. Pero quiero que quede claro el concepto: es el mismo que corresponde al artículo 22 que hoy tenemos en la Ley Orgánica universitaria, o sea que el Claustro, si el Consejo así lo considera, puede llegar a tener un plazo mínimo, pero si el Claustro lo resuelve en un día, ¡aleluya!

Buscaremos la redacción adecuada. Lo importante es que estemos de acuerdo en el concepto. Si estamos de acuerdo con el concepto le buscamos la redacción; si no estamos de acuerdo con el concepto discutiremos el concepto. El concepto es que el Consejo tenga la potestad de establecer un plazo por el cual si el Claustro no se expidió el tema le pasa por arriba.

SEÑOR MARKARIAN.- Primero quiero que quede claro que se quiso poner un plazo máximo.

Cuando uno se refiere a un plazo para el pronunciamiento qué otra cosa puede ser que el máximo.

SEÑOR BIANCHI.- Pero dice mínimo.

SEÑOR MARKARIAN.- Después se dice que el plazo máximo tendrá un mínimo de 120 días.

Acá fue claramente planteado por varios miembros del Claustro que hubiera un plazo mínimo.

Ustedes me van a perdonar, pero creo que lo que está escrito está claro. Podrá ser demasiado jurista en todo caso, pero está claro que el plazo del pronunciamiento es que tiene que haber un pronunciamiento.

En aras de aclarar se podría decir que podrá establecer plazos dentro de los cuales deberá producirse el pronunciamiento, que es lo que dice la Ley Orgánica. La Ley Orgánica usa la palabra “dentro”; pongamos la palabra “dentro”.

SEÑOR PIPERNO.- Cuando se habla de mínimo es ese término.

SEÑOR MARKARIAN.- El plazo de 120 días fue planteado aquí con un límite menor y se pensó que no podía ser que el Consejo de Facultad le dijera el Claustro que tenía diez días para pronunciarse. Eso es lo que se quiere evitar.

La propuesta que haría es que se diga que podrá establecer plazos dentro de los cuales se producirá el pronunciamiento, agregando que el plazo mínimo es de 120 días.

SEÑOR GUIJARRO.- Entiendo que esto está claro, pero a los efectos de mejorar la redacción diría: “Proponer al Consejo Directivo Central que dicha Ordenanza establezca que los Consejos respectivos podrán establecer plazos máximos para los pronunciamientos de los respectivos Claustros. Dicho plazo máximo no debería ser menor a 120 días”.

SEÑOR MARKARIAN.- Si eso queda claro lo voto.

SEÑOR GUIJARRO.- Creo que queda claro porque todos estamos de acuerdo en cuál es el concepto.

SEÑOR MARKARIAN.- Estoy de acuerdo.

SEÑOR PIPERNO.- Con respecto al plazo mínimo, da lugar a una interpretación muy ambigua. Escuchando la explicación que recién se daba se está hablando conceptualmente de lo que sería un plazo máximo.

La idea es que transcurrido ese plazo de 120 días automáticamente quedaría aceptado. Entonces no se trata del mínimo sino del máximo. Puede resolverse antes, pero transcurrido los 120 días automáticamente quedaría aprobado.

SEÑOR CASARAVILLA.- La redacción que aportó recién el compañero me parece que es abundante y nos debería satisfacer a todos.

Quiero poner ejemplos para que quede claro lo que estamos diciendo. Si al Consejo de una Facultad se le ocurre que como el tema es complejo, capaz que 120 días no le da, entonces se le da un plazo de 180 días, por tanto si el Consejo puede fijar un plazo de 180 días lo que no le dejo es establecer un plazo de 10 días, por tanto el de 120 es un mínimo. Eso es así. La redacción que aportaban es correcta y lo que decía Markarian también. Los plazos siempre son plazos máximos, pero ese número tiene un mínimo de 120 días.

SEÑORA SANZ.- Justamente quería aclarar la idea de mínimo y máximo. Ahora quedó claro.

Por lo que recuerdo de la sesión anterior incluso planteaba la posibilidad que pudieran pasar tres años. Las preocupaciones son dos, o sea, no dar a los Claustros un tiempo tan perentorio que prácticamente no tenga tiempo para pensar, pero tampoco que se puedan alargar a tres años, como ha sucedido. Tienen que expedirse y si no lo hacen pasará a los Consejos. La idea es tener los dos topes, uno mínimo que en este caso no sería menor a 120 días y un plazo máximo que podrá ser de 120 o si el Consejo piensa que se puede dilatar podrá ser de uno o dos años. Ésa será una prerrogativa de cada Consejo. Acá no se dice cuál es el máximo.

Acompaño la nueva redacción, porque creo que es más clara.

SEÑOR GUIJARRO.- El segundo punto sería: “Proponer al Consejo Directivo Central que dicha Ordenanza establezca que los Consejos respectivos podrán establecer plazos máximos para los pronunciamientos de los respectivos Claustros. Dichos plazos máximos no podrán ser menores a 120 días.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se aprueba la propuesta.

(Se vota)

____AFIRMATIVA.- Unanimidad.

“Sistema Nacional de Educación desde la perspectiva de la Universidad de la República”

SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos al punto 3.

Estaba prevista la realización de un Panel para seguir tratando el tema del Sistema Nacional de Educación desde la perspectiva de la Universidad de la República.

En esta ocasión el Panel será de delegados de los Órdenes y van a participar la psicóloga Amelia Masse, por el Orden de Egresados “Agrupación Universitaria”; el ingeniero agrónomo Alberto Majó, “Egresados de Unir”; el arquitecto Jaime Sztern, por el Orden Docente “ADUR”; y el bachiller Agustín Cano, por el Orden Estudiantil “FEUU”.

SEÑOR CECILIO.- Perdón, le pido al señor Presidente realizar una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí.

SEÑOR CECILIO.- En la enumeración hubo un error que a nuestro juicio no es pequeño. No es de “Unir”, sino de la “Corriente de Profesionales Universitarios”.

SEÑOR PRESIDENTE.- A mí me parecía, pero me pasaron esta información.

SEÑOR ANIDO.- ¿Entonces ahora son dos oradores?

SEÑOR PRESIDENTE.- Me aclaran que por el Orden de Egresados van a participar tres personas.

Estamos hablando de Órdenes; es decir, dos por la Agrupación Universitaria y uno por la Corriente Universitaria.

SEÑOR ANIDO.- ¿O sea que el Orden de Egresados se puso de acuerdo de hacerlo de esa manera?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, parece que sí.

SEÑOR ANIDO.- ¿Es así?

SEÑOR CECILIO.- Digamos que es un acuerdo natural, como respirar. Nosotros estamos de acuerdo.

SEÑOR GUIJARRO.- Creo que es lógico lo que Anido está planteando.

Lo que quedamos de acuerdo era que cada Orden iba a exponer su posición como Orden. Evidentemente, creemos que a lo sumo el Orden se tendría que haber juntado y definir si había un expositor, dos expositores o cambiar ideas y lograr un documento en conjunto.

La otra vez ya había pasado esto y nosotros igual apoyamos que el compañero pudiera intervenir. Esta vez no hubo ninguna consulta. La otra vez sí, el Claustro votaba y nosotros acompañamos a las personas que creo que iban a integrar una comisión de presupuesto. Esta vez nosotros no tenemos ni siquiera ningún dato. Sería grave que cada persona quisiera exponer lo que él piensa, entonces aquí se haría una asamblea y no serían las posiciones de los Órdenes sino individuales.

Ante esta propuesta quiero dejar claro qué es lo que nosotros vemos. Evidentemente no hubo un intercambio de ideas, capaz que podríamos acompañar la posición de que haya más de un representante del Orden de Egresados. En ese caso, también tienen todo el derecho del mundo los estudiantes y los docentes de multiplicar los expositores y esto podría transformarse en una asamblea abierta.

SEÑOR CANO.- Me manifiesto también en el mismo sentido.

Hoy trataremos de resolver esto de la mejor forma posible para iniciar de una vez el panel, pero a futuro y como forma de organización de nuevas actividades creo que lo que corresponde es tener claro que quienes están presentes en representación de la comunidad universitaria en esta Asamblea son los Órdenes y no las agrupaciones. Por tanto, si cada Orden resuelve expresarse autónomamente en dos partes, dividiendo su tiempo como Orden a tales efectos, es una decisión autónoma del Orden, pero multiplicar en la Asamblea tantas exposiciones como tantas agrupaciones coyunturales existan en cada Orden, como forma de funcionamiento lógica y como filosofía de funcionamiento de la Asamblea, nos parece muy negativo.

Veremos como resolver el tema puntual de hoy. Aparentemente hay acuerdo. No tenemos problemas en que hablan los que los egresados hayan decidido que lo hagan, pero a futuro nos parece importante tener en claro este criterio.

SEÑOR BIANCHI.- Visto lo que han dicho los estudiantes quería hacer una pregunta.

Recién me pareció oír que, cuando se mencionaba a los expositores, los estudiantes iban a hacerlo en representación de la FEUU. Me parece que la FEUU no son todos los estudiantes.

SEÑOR CANO.- El asambleísta Bianchi pregunta si la FEUU son todos los estudiantes. Es una pregunta interesante.

Este panel lo organizó un grupo de trabajo que componen Órdenes. Lo votó una Asamblea que componen Órdenes y aquí están todos los estudiantes. Se puede ver en las actas quiénes son los estudiantes que asisten y cómo trabaja cada estudiante.

La FEUU, con sus 76 años de historia, es tanto Orden como gremio y ni siquiera me voy a molestar en contestarle si la FEUU son todos los estudiantes, porque para participar de la FEUU sólo basta ser estudiante y participar de su Centro, de su Asamblea, etcétera.

Quisiera aprovechar la oportunidad para convocarlos. Este lunes es el acto de 11ª Convención de la FEUU “Verdad y Justicia”, ámbito soberano de la FEUU que se reúne cada dos años con más de doscientos convencionales de todas las Facultades y Centros de Estudiantes y que discute sus lineamientos generales. Es un órgano soberano que sesiona cada dos años y luego funciona el Consejo Federal que reúne a todos los Centros de Estudiantes, que es el espacio de debate y discusión democrática de todos los estudiantes universitarios.

Habrá invitaciones para cada asambleísta, pero desde ya les decimos que nos complacería contar con vuestra presencia.

SEÑORA SANZ.- Siguiendo con el tema de la posibilidad que haya más de un planteo por Orden, voy a apoyar esa postura ahora y siempre.

Me parece que cuanto más diversos seamos y mayores opiniones se puedan oír vamos a ganar. Estamos oyendo opiniones, no estamos votando. Me parece que es justo que si hay distintas opiniones puedan expresarse.

Es cierto que sería ideal que primero se intentara ver si hay consenso, pero no habiendo sucedido eso o partiendo de plano que en algún tema no va a haber consenso, creo que es lícito que una persona o un grupo de personas --todos estamos representando a otras personas porque acá nadie se autocandidateó sino que todos atrás tenemos un respaldo-- tengan derecho a expresarse.

Me parece sí que es reprochable el hecho que no se haya avisado que iba a haber más de una opinión, pero más allá de eso creo que hay que oír todas las opiniones posibles.

SEÑOR CECILIO.- Trataré de ser breve porque creo que el sentido de incluir el punto en el Orden del Día, tal como lo plantea la Mesa, es el permitir a este Claustro avanzar en un tema en el cual la Universidad tiene responsabilidades muy importantes y además que le atribuye al Claustro un rol muy importante dentro de su accionar. Ése es el centro de asunto; me parece que empantanarnos en temas de procedimientos no va con lo que es el espíritu de un claustro.

Planteado el tema como está simplemente quiero decir que nosotros preparamos, como agrupación, una ponencia, sobre la base de una invitación formal que el señor Presidente tuvo a bien hacernos en el funcionamiento de la Mesa del Claustro integrada con la comisión que está designada por el Claustro por este tema. Por tal razón preparamos una exposición para este panel de hoy. Si no hubiera sido así --que podría haber sucedido-- de todas maneras hubiéramos intervenido en el Claustro de la misma forma.

No veo la manera de enredar este tema, porque los Órdenes están compuestos por personas, las personas tienen derecho a juntarse en el Claustro, de forma que yo lo dejaría por aquí.

No parto de que necesariamente con la Agrupación Universitaria sobre este tema tengamos posiciones distintas, de pronto pueden ser las mismas, pero me parece que está muy bien que se expresen con ópticas que pueden enriquecer la discusión por su diversidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Realizadas las aclaraciones, un poco con el espíritu expresado por la profesora Sanz que es bueno que nos escuchemos con toda la diversidad, van a participar en el panel por el Orden de Egresados --por lo que me dicen-- dos personas.

SEÑORA MASSE.- Escribimos dos compañeros de egresados de la Agrupación Universitaria y me dice mi compañera que lea yo las dos partes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces intervendrán la psicóloga Amelia Masse, el ingeniero agrónomo Alberto Majó, el profesor Jaime Sztern y el bachiller Agustín Cano.

Si hay acuerdo comenzamos con el Orden de Egresados.

SEÑORA MASSE.- Nosotros hablamos en nombre del grupo de docentes que formamos parte de la Comisión Universidad de la Agrupación Universitaria.

Voy a leer algunas ideas y disparadores que hemos anotado para comenzar a discutir temas que nos parecen de primordial importancia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me permite una interrupción.

Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con el tiempo de intervención, porque quizás arriesguemos en irnos sobre la hora de finalización de la sesión.

Si están de acuerdo, no más de quince minutos.

SEÑORA MASSE.- Sí, me van a alcanzar y sobrar.

En primer lugar, consideramos que debemos definir si se pueden separar dos aspectos, que aunque interrelacionados, a nuestro modo de ver, debieran analizarse separadamente, aunque en forma paralela.

Por un lado está todo lo que respecta a la nueva ley de educación, que deberá cubrir un vacío de varios años. Sabemos que hoy la enseñanza está regida por la Ley de Urgencia 15.739, que vino a sustituir a la Ley 14.101.

Para nosotros, la nueva ley de educación deberá cubrir los aspectos de integración de los distintos subsistemas y principios generales relacionados con todo lo que se refiere a nuestra Constitución, con relación a la formación de los ciudadanos.

Por otro lado colocaríamos la discusión acerca del Plan Nacional de Educación, de modo de señalar más detalladamente que en una ley entraría todo lo que se refiere a los aspectos de interrelación de los sistemas, coordinaciones, en fin, lo que en la propuesta del 21 de setiembre pasado aparece en el numeral 3.

Algunas reflexiones a modo de disparadores para la discusión. Hay material de gran valía sobre estos temas. Hacemos referencia a los trabajos del maestro Soler, que pueden servirnos de base para la discusión. Asimismo, hacemos nuestras las palabras del profesor Ares Pons pronunciadas en la Asamblea General del Claustro, así como las propuestas de la FEUU sobre la forma de discusión a dar, tanto para la nueva ley, como en lo que respecta al Sistema Nacional de Enseñanza.

Hay algunos compañeros que han interpretado que de tratarse de la revisión de la ley 15.739 estamos “teóricamente” fuera de la discusión, pues esa ley apenas roza a la Universidad. Sin embargo no podemos quedar fuera de la discusión que deberá realizarse a fin de repensar, elaborar, analizar, un sistema de educación que de alguna manera proviene de la llamada “Ley Sanguinetti”. A este respecto es imprescindible tener presente el informe de nuestro querido ingeniero Maggiolo, en oportunidad de discutirse esa ley y el hecho de que la actual surgió como Ley de Urgencia hace ya dos décadas.

Así por ejemplo la ley deberá centrarse en lo referente a la administración general de los organismos de la enseñanza, atendiendo a cada subsistema: número de integrantes, procedencia de los mismos, formación curricular, experiencia, formas de elección. Reafirmando los principios varelianos que han dado base a la filosofía de nuestro sistema educativo: gratuidad, laicidad, universalidad, obligatoriedad. A los que agregamos autonomía y cogobierno. Marcando claramente estos dos principios y su forma de implementación en cada subsistema.

Deberá señalarse la importancia del organismo coordinador de la enseñanza y su integración con representante de los subsistemas de la UdelaR, del Ministerio de Educación. Y pongo puntos suspensivos porque habría que ver qué otras instituciones lo integran.

Para definir el alcance de la ley y los cometidos de cada uno de los entes autónomos que conformarían el sistema, la comisión deberá integrar además de los integrantes elegidos por los gremios de la enseñanza, de la UdelaR y otros organismos a definir, juristas que trabajen en equipo atendiendo a las disposiciones constitucionales, que hacen relación a la educación a fin de respetar la misma. Dichos entes autónomos estarían compuestos por primaria, secundaria, enseñanza técnica, formación docente, desapareciendo ANEP.

Quiero remarcar acá para los compañeros que nosotros pensamos que la forma actual del servicio descentralizado no es la más correcta, sino la forma de entes autónomos, como lo es la Universidad.

Rescatamos palabras del ingeniero Brovetto en una Asamblea General del Claustro del año 1995 y hacemos nuestros los siguientes conceptos vertidos con relación a la Ley Orgánica, pero que consideramos válidos en este momento y aplicables a esta nueva ley. “Antes de considerar la cuestión queremos esbozar el valor relativo del marco legal. El marco legal no es la esencia, sino que ella está en la vitalidad de la actividad del gobierno de la enseñanza” --en el original decía universitaria-- “en la capacidad de propuesta, en la capacidad de encontrar instrumentos para responder a las necesidades y demandas.” Consideramos que sería importante que dicha ley tuviera suficiente generalidad jurídica para que admitiera los necesarios cambios que cada tiempo imponga, sin necesidad de crear nuevas leyes o ajustar la existente para adaptarla a las cambiantes circunstancias que imponen los años. Pensemos que la Ley Orgánica es del 58 y la que ahora estamos hablando de modificar es del 85 u 86.

El segundo para nosotros es el gran tema que requiere un análisis profundo y una gran participación de la sociedad. Es lo que definimos como sistema nacional de educación.

No se nos escapa que para tratar este sistema habrá que tomar elementos de la ley, que deberán repetirse o mejor dicho extenderse, pero a la vez nuestra propuesta incluye la idea básica acerca de que la ley de educación determinará el marco administrativo y todo aquello que son los principios que ya casi nadie discute.

Cuando hablamos del sistema nacional de educación estamos pensando que la preocupación por el saber es tarea de todos sin distinción y tiene relación con la concepción política de para qué educamos. Esto a nuestro juicio constituye una verdadera lucha que jamás concluirá, porque significa la constante renovación y cambio, a la luz de los avances tecnológicos y los cambios económicos, políticos y sociales que la sociedad va procesando.

Por esto pensamos en dos procesos que deberán desarrollarse juntos, con la cantidad de elementos que se interrelacionan y que coexistirán en la ley y en el sistema.

La enseñanza debe responder a la necesidad de desarrollar hombres libres. Los aspectos técnicos de la enseñanza si bien son importantes deben atenerse a los conceptos filosóficos del hombre que va a surgir mediante el proceso educativo.

Las últimas décadas del siglo XX han mostrado un retroceso en el sistema nacional de educación. Nosotros sentimos que en aras de una mal entendida igualdad de oportunidades se ha dejado de lado la concepción de la educación como autoaprendizaje, autogobierno, autoeducación, reafirmando que todo en la enseñanza debe centrarse en el educando.

Hoy sentimos que en la educación nacional se ha abierto el camino a la iniciativa individual, en contraposición a la educación concebida como fenómeno social. La actual agudización de la estratificación operada en la sociedad hace necesario que el sistema nacional de educación atienda especialmente este problema, que ha llevado a grandes núcleos de niños y jóvenes a la deserción escolar y liceal, atento a que el sistema no tiene relación con los valores de la cultura de esos grupos sociales.

La educación en la segunda mitad del siglo XX, con la expansión de la matrícula en secundaria y el sentimiento posterior de la necesidad de seguir estudiando que impuso la sociedad, trajo fenómenos como la masificación, tanto a nivel de enseñanza media como universitaria.

Los diferentes planes y programas que se han sucedido durante décadas en secundaria, lejos de mejorar la retención del alumnado en el sistema han incrementado las deserciones y por otro lado se ha perdido el rumbo en todo lo que respecta a la enseñanza técnica.

Se debe dar una discusión en profundidad sobre estos y otros temas que aquejan al sistema nacional de educación, con una amplia participación que incluya el análisis de la realidad de nuestra sociedad, asegurando en todos los niveles de la educación la incorporación de valores tales como libertad, derechos humanos, solidaridad, equidad, teniendo en cuenta que cuando hablamos de sistema nacional de enseñanza necesariamente estamos incluyendo tanto a la enseñanza pública como a la privada.

Es en esta discusión es que la Universidad, a través de sus Órdenes, no debe estar fuera.

Ahora voy a decir lo escrito por nuestra compañera, que en realidad es complementario de lo que nosotros escribimos.

El propósito que la educación ha de lograr en un país democrático debe sustentarse en un concepto de persona que debemos formar. Hemos de propiciar que sea una persona libre, responsable, autónoma y participativa en el destino común de la sociedad.

La participación ha de ser una idea fuerza para el despliegue de la espontaneidad y la iniciativa de las personas y grupos sociales. Este objetivo debe estimular la responsabilidad y la solidaridad dentro de un proyecto que se realice en forma comunitaria.

Analizar y discutir la Declaración de los Derechos Humanos Universales ha de estar incluido en los distintos niveles educativos; en primaria, secundaria, nivel terciario universitario, abordándolo con distintos grados de profundización y aplicabilidad de todos los derechos y las libertades fundamentales de las personas y los pueblos. Deben ser examinados globalmente y teniendo en cuenta el texto de las diferentes sociedades.

América Latina confronta una realidad donde los derechos humanos, la dignidad de las personas, el derecho a la salud, están absolutamente fuera del alcance de las mayorías establecidas.

Luis Pérez Aguirre decía en su libro “Si digo derechos humanos” que existe una necesidad urgente de desarrollar una educación para los derechos humanos, como estrategia preventiva a fin de impedir la violación de esos derechos. La educación sobre los derechos él la veía como una exigencia primaria del proceso educativo.

Es oportuno incluir los valores básicos fundamentales que toda persona debe adquirir como formación de su conducta e incluir asimismo los de la solidaridad, justicia, equidad, igualdad, amor, respeto, libertad, tolerancia, respetar y aceptar la diversidad de opinión entre las personas, en cuanto a ideas, valores, opiniones, honestidad y el gusto por las cosas bien hechas.

Estos postulados ayudarán seguramente en los distintos niveles educativos a favorecer una convivencia más grata y positiva para las interrelaciones humanas en las distintas etapas de la vida de las personas. Ayudar a aceptar las diferencias generacionales, analizando el normal proceso de la involución del ser humano es hoy una discusión imprescindible. Es necesario que se valoren las condiciones, aportes y sabidurías que cada etapa posee, favoreciendo la convivencia y aceptación de los adultos mayores, condición democrática que hoy es muy preocupante para la sociedad nuestra y la mundial.

Introducir el trabajo en equipo como una metodología constante en el aprendizaje para contrarrestar el individualismo y la competencia. Favorecer así el equilibrio entre la iniciativa individual y el trabajo en equipo, en grupos interdisciplinarios que formen a los profesionales en el concepto de valorar que los saberes de otras disciplinas se complementan para resolver las situaciones humanas.

Quiero aportar como trabajo de salud una inquietud educativa que tenemos desde hace mucho, en función de que la salud es un proceso que integra toda la vida del hombre, al interactuar con su medio donde nace, se desarrolla, crece y muere. Debería abordarse en los distintos niveles de educación, acorde a las necesidades en cada edad del educando, enfocando la salud desde los hábitos de vida, la protección y prevención, incluyendo la información y la valoración de la sexualidad dentro de los principios de la interrelación hombre-mujer, generacional y de convivencia social.

Este segundo trabajo es de la compañera licenciada en enfermería Gradys Picción. Muchas gracias.

(Aplausos)

SEÑOR PRESIDENTE.- Sigue el ingeniero agrónomo Majó.

SEÑOR MAJÓ.- Buenas noches, muchas gracias por la invitación.

Conseguimos una computadora y ahora vamos a tener que pasar la ponencia.

La idea de la ponencia es marcar los principios rectores que están tomados en base a la Declaración de UNESCO de París del año 1998 para la educación superior.

La ponencia básicamente está estructurada en partes. La primera son los principios rectores en base a la Declaración de UNESCO. Con respecto al último, tal vez la situación de la mujer en nuestro país es mucho mejor que en otros países. Es más, a nivel universitario la población femenina es superior a la masculina.

Sin perjuicio de eso creo que todos estos principios rectores están bastante de acuerdo con todos los países y que de alguna manera los debemos tomar en cuenta para la discusión de una nueva ley de educación, que implica un nuevo sistema de educación y también el rediseño del sistema universitario.

Con respecto a los principios rectores en el Uruguay, tenemos el tema de la libertad de enseñanza, de acuerdo con el artículo 68 de la Constitución; la autonomía de las instituciones de educación superior y la participación de las comunidades universitarias, donde está la Ley Orgánica y el Decreto 308/995, que es el que habilita a las universidades privadas; la educación superior como un servicio público.

También está el tema que tiene que ver con la descentralización del país, procurando una mayor territorialización de la gestión pública. A este tema nos vamos a referir más adelante.

¿Cuáles son los desafíos de la educación superior nacional? Transformarse con planificación, logrando la participación de todos los actores; desarrollarse con pertinencia; expandirse con equidad; comprometerse con la calidad; recrearse en función de partes que forman un sistema nacional. Todos esos son desafíos grandes que implican que todos nosotros hagamos un esfuerzo importante de debate, de intercambio de ideas, realizando un esfuerzo grande, de forma colectiva, para tratar de mirar el sistema no sólo desde nuestra perspectiva, sino tratando de mirar todo el sistema educativo.

En ese sentido, nosotros estamos planteando, en primer lugar, cuáles son a nuestro juicio las modificaciones a la normativa que tienen que ver con la Ley de Urgencia, que en realidad de urgencia no tuvo mucho porque en realidad ya lleva veinte años. A pesar de eso fue votada por todos los partidos políticos en el Parlamento a comienzos de la nueva etapa democrática en el año 85. Sin perjuicio de eso nosotros entendemos que la nueva ley debería tener algunas modificaciones importantes.

La primera de ellas es que las autoridades de la educación deberían designarse por los dos tercios de la Asamblea General. Uruguay debería convencerse de que en muchos aspectos debería ir a un sistema parlamentario. Ése es nuestro enfoque del tema. Creemos que con la educación debería suceder lo mismo que pasa con la Corte Electoral y con el Tribunal de Cuentas de la República, para que hubiera realmente un amplio acuerdo político y no lo que está vigente, que luego de pasado un plazo las autoridades de la enseñanza simplemente se votan con la mayoría simple de la Asamblea General.

En segundo lugar, la organización de la enseñanza primaria y secundaria entendemos debe transformarse en forma radical, yendo a un sistema regionalizado, abandonando el tradicional sistema de organización centralista de Montevideo. La misma obviamente está abierta a si son tres o cinco regiones, pero claramente debe ir a un esquema de Consejos Regionales Autónomos.

En ese sentido la asignación presupuestal debe cambiar también radicalmente. Ya no es más presupuesto para una sola organización gigantesca, sino que debe ir asignado en función de los Consejos Regionales Autónomos y éste debe ser asignado en función de la cantidad de alumnos que tiene cada región, de la cantidad de egresos que tiene cada región, de la calidad --ahora más adelante vamos a hablar de eso-- y de la capacidad de inclusión al sistema educativo que cada una tenga.

En cuarto lugar planteo el establecimiento formal de consulta con las fuerzas vivas locales y con los padres. Este tema ya ha sido practicado en algunos casos y etapas, en las cuales se dio plata a las comisiones de apoyo para que administraran algunos aspectos y entendemos que esta experiencia tiene que mantenerse y profundizarse.

En quinto lugar la creación de un mecanismo de evaluación externo, creando un Consejo de Evaluación sobre funcionamiento de los establecidos educativos supervisado por el Ministerio de Educación y Cultura. Creemos que en ese sentido la experiencia del MECAEP y el MESyFOD no debe perderse. Es más, no debería suceder que luego que los fondos internacionales se terminen se caiga toda una experiencia acumulada. Entendemos que de alguna forma eso debe tender a institucionalizarse.

Respecto de las potestades de habilitar, supervisar y fiscalizar los institutos privados, deben quedar a cargo de este Consejo de Evaluación. No creemos que una misma organización deba administrar la educación pública y al mismo tiempo evaluar y habilitar a las privadas.

Siguiendo con las modificaciones, entendemos que el Consejo de Educación Técnico Profesional debe transformarse radicalmente, jerarquizándolo en un Instituto politécnico independiente de derecho público no estatal. Este politécnico, que deberá tener mucha más vinculación con el sector privado empresarial que con secundaria y primaria, debería organizarse en dos áreas bien definidas: las que son típicamente politécnicos y las que son Escuelas Agrarias. Y para ello entendemos que el directorio de este nuevo Instituto politécnico independiente debe estar integrado por representantes de las Cámaras empresariales y por las Universidades públicas y privadas.

Finalmente, la ANEP, sin perjuicio de que sus competencias quedan concentradas en el manejo de la educación primaria y secundaria, debe tener un Consejo Consultivo, con la participación para la discusión de la educación de las Cámaras empresariales, las Universidades, el Poder Ejecutivo, el Parlamento, el Congreso de Intendentes, Instituciones públicas y privadas de la Educación Primaria, Secundaria y Técnico-Profesional.

Esos son los puntos que tienen que ver con nuestra propuesta de la reforma normativa.

¿Dónde focalizar los esfuerzos de gestión? Algunos pueden ser normativos, pero básicamente son de gestión.

En primer lugar, el Centro Educativo, el liceo, el colegio, la escuela, es el eje de la innovación y el elemento estratégico de la reforma educativa, por lo que se lo debe dotar de mucha mayor autonomía de la que hoy tiene. El liceo y la escuela hoy es el Director y un cuerpo docente. Deben tener mucha mayor autonomía.

También --entendemos que en este aspecto algo se ha estado discutiendo-- debemos ir a la titulación universitaria en la formación de los docentes. Y en los aspectos que tienen que ver con la equidad educativa creo que a esta altura estamos bastante cansados de diagnósticos. Hay algunos temas que rompen los ojos. Los uruguayos no estamos acostumbrados a ver la exclusión social que se ha dado en los últimos años. Entendemos que hay que ir a las acciones concretas para abatir el abandono temprano de la educación, a la expansión de las Escuelas de Tiempo Completo. Debería preverse un incentivo salarial con diferencias sustantivas de aquellos profesores que trabajen con contextos socioeconómicos complejos. Debe estructurarse un programa de reinserción educativa de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Recordemos que hay 44.000 jóvenes de 15 a 18 años que desertaron del sistema y que más del 60% ellos no estudian ni trabajan.

El otro punto es el de las becas escolares para madres de adolescentes de bajos recursos.

Respecto del politécnico del que estábamos hablando en el punto anterior, entendemos que se deben crear y fortalecer por lo menos seis áreas o centros tecnológicos prioritarios. Una es el área de la tecnología de los alimentos; otra es el área de los procesos industriales, donde estén los temas vinculados a la eléctrica, la electrónica y la energía, entre otros; el tema de las tecnologías de la información; el sector forestal; la hotelería y el turismo; y la parte de los recursos naturales, particularmente los recursos hídricos y el medio ambiente como un cuerpo conjunto. Esas son las seis áreas que a nuestro entender el politécnico debería focalizar su fortalecimiento institucional, para generar una mayor capacidad y habilidad en los estudiantes, porque, como dice el punto siguiente, deberíamos buscar mecanismos de estímulo para que la relación que hay hoy por la que son un 20% los que estudian en la UTU, contra un 80% que están en la secundaria, o sea 70.000 estudiantes contra 370.000, de alguna manera se revierta. Además entendemos que una parte de los que estudian en este politécnico posteriormente tendrían una comunicación y eventual continuación de su formación en el nivel universitario.

Eso en lo que tiene que ver con algunas propuestas de reforma de la educación en primaria, secundaria y educación técnica.

Para que exista una verdadera reforma de base, también tiene que haber una reforma de la educación superior.

A esta altura del campeonato y después de casi doscientos años es hora que desde la Universidad de la República se comience a plantear y se lidere la discusión, con todos los otros actores, sobre una nueva organización del sistema de educación terciaria. En ese sentido, entendemos que debería plantearse una Ley de Educación Superior donde se cree un Consejo Nacional de Educación Superior, que integre no sólo a la Universidad, sino también a las universidades privadas y a otras instituciones de educación terciaria y que gestione un fondo concursable de mejoramiento de la calidad de esas instituciones.

En segundo lugar, entendemos que con respecto a la experiencia que se inició con el MEXA, con el Mecanismo Experimental MERCOSUR, que estamos en proceso de evaluar, deberíamos buscar su formalización a través de la creación de una Agencia de Acreditación de Carreras de grado y de posgrado. Eso tiene que hacerse a nivel del país y en ámbitos generales, de manera que tengamos nuestros propios mecanismos para evaluar la calidad de nuestras carreras.

Sin perjuicio de los dos puntos anteriores, entendemos que la propia Universidad de la República y más allá del Área Tecnológica y lo que ya se hizo en el MEXA, debería comenzar a formalizar, a su propia iniciativa, la evaluación externa en todas las carreras, tal vez creando una Auditoría Académica Permanente.

Respecto de la descentralización universitaria ya planteamos algo con la educación técnica. Esos ámbitos de alguna manera están porque tienen establecimientos en el interior y lo que hay que hacer es reorganizar el poder. En el caso de la descentralización universitaria, para realmente descentralizar la vida universitaria, es necesario crear polos de desarrollo académicos autónomos.

Hace dos años escribí un artículo que decía que al menos debería crearse una nueva universidad pública en el norte del país. Hoy, para mi grata sorpresa, en un ejercicio que se hizo en una mesa redonda sobre ciencia y tecnología, donde varios ponentes discutían sobre el 2020, la doctora Judith Sutz, que ustedes bien la conocen, planteó que en el 2020 por lo menos veía una nueva universidad pública, por lo tanto ya desde adentro de la propia Universidad de la República están comenzando a aparecer visiones concordantes en esa dirección.

El tema de crear una nueva universidad o varias universidades públicas debe enmarcarse en lo siguiente. Cuando Manuel Oribe firmó el decreto de creación de la Universidad Mayor en el Uruguay había 140.000 habitantes. Cuando Joaquín Suárez instauró la Universidad el país no superaba los 350.000 habitantes. En la guerra de 1904 andaba en menos de 1:000.000 de habitantes. Hoy estamos en 3:300.000 y seguimos discutiendo si tenemos que tener o no una sola Universidad. Finlandia, un país que tiene un sistema universitario cien por ciento estatal, entre el 60 y el 70 fortalece su sistema público universitario y pasa de dos universidades públicas y gratuitas completas a veinte, dispersas por todo el país. Eso sí, tiene siete veces más PBI que nosotros por habitante. Lo tienen porque lo construyeron. Nosotros hace veinte años que estamos discutiendo si mantenemos o no una sola universitaria. Lo debemos hacer función de las demandas actuales y potenciales, en función de la estructura de la educación técnica diseñada y mencionada anteriormente, porque la dimensión de las universidades debe ser abarcable.

Ya discutir si la Universidad tiene 80.000 o 70.000 estudiantes no tiene sentido. Todos sabemos muy bien que de los 83.000 estudiantes habilitados 15.000 ni siquiera se tomaron el trabajo de venir a votar y 32.000 no votaron o lo hicieron en blanco o anulado, de manera que el 50% del demos universitario está en esa situación.

Pensar que haya una o dos universidades en el interior no es descabellado. Además reconozcamos que las trabas que tiene la propia Universidad de la República hace casi imposible apartarse de los mecanismos tradicionales, que entendemos no deben transferirse al interior del país. Pero además, en lo que tiene que ver con el proyecto institucional de la propia Universidad de la República, que habla de descentralización, entendemos que es incoherente porque apenas previó para el presupuesto quinquenal un 2% del presupuesto solicitado para el concepto Descentralización. La descentralización con esa plata no tiene demasiado sentido.

Respecto del funcionamiento del cogobierno, sabemos que tiene problemas --lo sabemos todos--, el demos universitario, como decíamos, está casi en un 50%, porque de los 170.000 habilitados la mitad no votaron o lo hicieron en blanco o anulado. Eso lo debemos tener como una señal muy clara que la gente está muy alejada de la vida de la Universidad de la República. Una proporción muy importante del demos universitario está en esa situación.

He leído algunos documentos de la FEUU que dicen que la preocupación es que no hay mayor participación. Creo que es exactamente al revés. Creo que el Rector y los Decanos deberían tener mucha mayor delegación. La estructura universitaria debería ser mucho más ejecutiva, pero los Consejos de Facultad deberían funcionar en forma periódica y concentrarse en temas sustantivos y no en los administrativos. Lo mismo deberían hacer los Claustros, que deberían concentrarse en temas de planes de desarrollo de estudios y en la elección de autoridades, pero en pocas reuniones por año.

Otra acción para la propia Universidad de la República ahora es encarar inmediatamente las altas tasas de deserción y rezago por la masificación en varias carreras. Evidentemente los estudiantes ingresan libremente pero no cuentan con mecanismos de orientación pedagógica y esto genera muchas frustraciones.

La oferta docente está basada en el criterio liberal de ingreso y deberíamos buscar mecanismos para planificar la misma. Debemos ir a la creación de Ciclos Básicos por Área. Debemos ir a la consolidación de la profesión docente. Todos estos aspectos deben plantearse antes de lo que plantea el PLEDUR acerca de encarar un eventual incremento de la matrícula universitaria.

Voy a realizar algunas reflexiones finales para terminar. Es la hora de la Universidad de la República --en particular ahora-- de afrontar nuestras dificultades y removerlas, afrontando cambios profundos sin excusas.

La Universidad de la República debe salir de su autodefensa a ultranza y asumir una realidad que impone liderar una discusión madura sobre el nuevo sistema educativo, reconociéndose como un actor más del sistema terciario; muy importante, pero es un actor más.

Las deficiencias del sistema público en su conjunto son doblemente condenables, porque implica no aplicar bien los recursos de la sociedad y porque hace décadas que las familias más pobres siguen contribuyendo a la formación terciaria de los más pudientes. Además hay un problema a nivel de los jóvenes, porque en los últimos 20 años egresa el 23% de los que ingresan y además los que egresan no salen bien preparados, porque su formación no está acorde con el mercado laboral, ni real ni potencial.

Finalmente, sin plantear ningún tipo de agravio personal nadie, quería decir que al igual que nuestra Corriente tenía bastantes expectativas con respecto al actual Rectorado, en estos ocho años no se han dado los cambios profundos que se esperaban. Además, los planteos que se han hecho últimamente --por eso traje a colación una declaración que hizo el ingeniero Guarga en la revista “Brecha”-- hablan de una Universidad única e indivisible que pueda tener 200.000 estudiantes. ¡Hace veinte años que la matrícula universitaria prácticamente no se modifica y pretendemos tener 200.000 estudiantes en los próximos quince años! Realmente, hay que hacer los números de nuevo. Habría que multiplicar por tres los ingresos a la Universidad de la República a partir del año que viene, para que dentro de quince años la Universidad de la República --si algún día puede hacerlo-- pueda tener 200.000 estudiantes. Creo que tenemos que discutir sobre números más realistas.

En ese sentido, el Plan Estratégico ha sido un instrumento muy interesante para los consensos pero con hipótesis muy poco realistas y creo que tiene que aplicar criterios técnicos más rigurosos, con objetivos más precisos y con indicadores claros de cumplimiento.

En lo que tiene que ver con la actual Ley Orgánica, entendemos que además de discutir el sistema en su conjunto, es hora que también lo comencemos a realizar. Muchas gracias.

(Aplausos)

SEÑOR PRESIDENTE.- Proponemos la postergación de la hora de finalización de la sesión hasta la hora 22:30.

(Se vota)

____AFIRMATIVA.- 1 Negativa.

____Tiene la palabra Jaime Sztern.

SEÑOR SZTERN.- Después de esta intervención, bastante completa, por lo menos en datos e informaciones, vamos a tratar de aclarar nuestra posición con respecto a esto.

Desde hace muchos años el Orden Docente viene reclamando la implementación de un Sistema Nacional de Enseñanza, cada vez que se pretendía introducir reformas en la Universidad de manera unilateral, en el entendido que es necesario tener una visión global del tema, dado que cualquier movimiento afecta al resto y que existen relaciones biunívocas en toda la enseñanza, por lo que es necesario intervenir de manera global para poder resolver los problemas reales que existen.

Hay problemas que tienen que ver con la frustración de los jóvenes, con la equidad del ingreso, con la equidad del egreso, con la apertura del ingreso a la enseñanza superior. Esta discusión del Sistema Nacional de Enseñanza permite introducir este tema por primera vez en forma oficial y global; además con apoyo de la estructura política.

Obviamente, la visión que voy a plantear es una visión desde la Universidad, con los problemas que ya se han estudiado con respecto al ingreso de la gente de secundaria. También la FEUU acaba de presentar en el Consejo una serie de datos concretos que tienen que ver con el movimiento de los estudiantes dentro de la Universidad, las deserciones, una cantidad de cifras que permiten sacar conclusiones y que están elaboradas en función de la documentación pública que circula en la Universidad; es decir, balances y datos estadísticos que, combinados, permiten sacar una serie de conclusiones con respecto a esto.

El estudio de un sistema de educación tiene que ver con el ataque a los problemas que vienen desde la enseñanza secundaria, como por ejemplo por qué se produce la deserción, qué pasa con la enseñanza de las matemáticas, qué sucede con las disciplinas que aún no existen como lo que ya se está trabajando a nivel del Área Artística. Algunas disciplinas no están en secundaria y luego, por lo tanto, es difícil su proyección hacia la enseñanza superior. Hay problemas que requieren de una relación biunívoca, en la cual la Universidad puede aportar formando docentes de enseñanza secundaria o colaborando de diversas formas en la política de enseñanza.

Afortunadamente la nueva administración ha tomado en cuenta esto y las relaciones entre la Universidad y la ANEP ya son un hecho, aunque junto con el Orden Estudiantil, en cada oportunidad que se ha podido, hemos criticado la forma un tanto cerrada en que se ha iniciado esa discusión. Si bien en determinadas circunstancias puede estar bien discutir en condiciones muy cerradas, es urgente que esa discusión se democratice de modo que tenga la base más amplia posible, para que exista el compromiso real de llegar a un sistema de consenso que sea una amplia base para un sistema de educación nacional.

Es necesario tener una visión global de todo el conjunto y a su vez tener también una respuesta política que es lo que se está elaborando y que sea apoyada por un presupuesto que permita desarrollar esos cambios. En alguna medida la respuesta presupuestal es mejor que en años anteriores, pero entendemos que no es suficiente para desarrollar todos los cambios que serían necesarios, en la medida y profundidad que se requiere.

Hay aspectos que recoge el PLEDUR de la Universidad y que ya tienden puentes hacia esas relaciones con la ANEP, que apunta hacia la interfase ANEP-UdelaR y que también afecta al ingreso y al egreso de los estudiantes en la Universidad. En ese sentido, está comenzando una discusión general sobre temas que tienen que ver con la flexibilidad curricular, con la descentralización, lo que a nivel del Orden Docente los hemos visto en forma crítica. Entendemos que hay una falta de visión global en la Universidad, que se plantean transformaciones en sectores que debieran tener una articulación más global. Recién ahora se están gestando, pero no con la articulación necesaria, aspectos que fundamentalmente tienen que ver con la flexibilización y con la descentralización con relación a la UdelaR y ANEP.

Con respecto a la Universidad, en lo que tiene que ver con estos aspectos se apunta a resolver un tema de equidad social, geográfica, de acceso abierto, es decir de generar más bocas de entrada y salida a nivel general, a su vez se intenta plantear a través de la simplificación del ingreso mediante troncos comunes o ciclos básicos comunes, que si bien están apoyados por una fuerte voluntad política, comienzan a manifestarse desde las comisiones centrales, donde se supone que participan áreas y órdenes. En algunos Servicios ya incluso se está discutiendo a nivel de base, pero todavía no hay una discusión generalizada que aporte un consenso crítico y comprometido como para dar un tiempo concreto de aplicación a todo esto.

Estamos de acuerdo con el ingeniero Majó en que los recursos presupuestales no son suficientes como para desarrollar de manera seria y competente estas nuevas propuestas de transformación. Fundamentalmente, todo lo que implica el tema descentralización y la forma en que está enfocado. Si se atiende a las demandas sociales y departamentales habría que hacer una universidad en cada departamento. No obstante hay distintas posturas, como la que plantea el Rector Guarga, de hacer un sistema de nodos y redes, partiendo una sola Universidad. Eso es lo que se está intentando realizar actualmente. El Orden Docente tiene cierta discrepancia con la forma de ver los nodos y redes, en función del tamaño que tenemos en el Uruguay, porque hay que ver si se justifica tener tantas universidades. Esto requiere un estudio previo que no lo hemos visto y lo estamos tratando de encarar.

Junto con esto está el tema de la flexibilidad curricular, que apunta a facilitar la generación de ciclos comunes, la facilidad de tránsitos horizontales y verticales del estudiante e incluso en última instancia la posibilidad de desarrollar un diseño propio. Pero eso requiere de una visión global de la Universidad, porque eso afecta a los planes de estudio y a diversas transformaciones que tienen que ver con la formación del estudiante. Por ejemplo, en el caso que el estudiante diseñe su propia carrera, quién evalúa. Es posible la transversalidad a través de creditización, pero faltan tramos de evaluación y resolver temas de previaturas. Son cosas que a nivel de los Centros individuales se están resolviendo lentamente, pero se ve como algo difícil de encarar en todos los Centros.

También nos parece importante plantear el tema de que para que todo esto funcione tiene que existir la máxima democratización. Desde el punto de vista de nuestro Orden, debe haber un fuerte aporte hacia la formación docente, un apoyo muy importante al desarrollo de la carrera docente, que actualmente no existe; mejorar las condiciones de estudio y trabajo, que actualmente es un Proyecto Institucional que fue agregado a instancias del Orden Docente, que incluya aspectos edilicios, no edilicios y fundamentalmente las condiciones de trabajo docente. Me refiero al trabajo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. En cuanto a todas estas experiencias también nos interesa el control y evaluación, tanto interno como externo, de todos los procesos que tienen que ver con la interfase con secundaria como con lo que es estrictamente de la Universidad en cuanto a los proyectos que se están desarrollando.

Entendemos como fundamental la revalorización del cogobierno. Para nosotros la autonomía y el cogobierno son elementos sustanciales en la Universidad. Entendemos que están absolutamente vigentes. El hecho que en este momento tengan una notoria debilidad en su funcionamiento, no hace al tema que sea aún válida su vigencia y que no haya que rescatarlos. Consideramos que la debilidad se arrastra desde la época de la dictadura y no sólo es responsabilidad de los gremios sino también de la forma de conducción en aras de una mayor “eficiencia”, que ha soslayado las discusiones que a veces pueden aparentar que son lentas, pero que garantizan el compromiso y el consenso necesario para llevar adelante las reformas imprescindibles para nuestra Universidad.

Creemos que es importante lograr la equidad que plantea el PLEDUR, que tiene que ver con la equidad geográfica y social, en cuanto al tema del ingreso. En este caso creemos que la Universidad debe transitar hacia formas flexibles, que posibiliten diversas visiones acerca de la formación universitaria. Recordamos que en un artículo que escribía Alfredo Errandonea en la publicación “La Universidad en tiempo de cambios”, en el foro que hubo en el año 1997, planteaba que estaba agotado el modelo profesionalista de la universidad latinoamericana y entre ellas de nuestra Universidad y que posiblemente la nueva Universidad tenía que ser abierta, donde se permitiera el ingreso de autogestión o “autodidactismo” --si se quiere--, dando lugar para que todo el mundo pudiera tener acceso a la enseñanza terciaria, sin descartar las formaciones profesionalistas. Planteaba que habría que ir a otro estado, donde la Universidad tuviera otro tipo de relacionamiento con la sociedad y en este caso la función de extensión sigue estando muy vigente y siendo muy importante.

Entendemos que las transformaciones necesarias que debe abordar la Universidad deben permitir tanto una formación que apunte a la profesionalidad como otro tipo de visiones que puedan existir, que apunten al mejoramiento del nivel del individuo, como decía la egresada que habló en primer término, que hablaba del mejoramiento del individuo en diversos aspectos. También para eso es válido plantearse el ingreso a la Universidad.

En suma, entendemos que el sistema nacional de enseñanza debe responder a una visión global, en la cual esté comprendida tanto la parte de educación secundaria como la educación terciaria, con las interfases correspondientes. Debe haber una clara democratización en el ingreso y egreso a secundaria, así como también en el ingreso a la Universidad y un seguimiento hasta el egreso. Es cierto que hay un porcentaje de abandono muy alto, hay que estudiar a qué se debe eso. Tenemos los datos necesarios como para poder procesarlo y consideramos que la transformación de la Universidad también fundamentalmente debe tender a corregir ese tipo de aspectos.

(Aplausos)

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra Agustín Cano.

SEÑOR CANO.- Queda poco tiempo.

Entendemos que las intervenciones han sido de una gran riqueza y sin duda serán un material muy bueno para un debate fuerte y franco de ideas, que seguramente no podamos emprender hoy. Quizás luego podamos hacer circular las actas para poder recuperarlo en un espacio de intercambio y diálogo y que no quede como una secuencia más o menos estanca e incomunicada.

El tema del panel es muy amplio, casi de una vastedad oceánica, porque se trata del sistema educativo nacional. Nosotros, en lo que preparamos para compartir hoy, nos centramos en algunas referencias o pensamientos de contexto, con respecto a en qué coyuntura social e histórica abordamos el tema del sistema educativo nacional, en el sentido de cuáles son las condiciones de producción de ese sistema educativo nacional.

También creo importante emprender este debate, con estas características, tal cual lo hemos resuelto en la Asamblea, explicitando que estamos discutiendo modelos educativos. Creo que eso quedó claro en las diferentes ponencias, en particular en las del Orden de Egresados. Hay una cantidad de propuestas que atacan problemas actuales de la educación del país y creemos necesario enmarcarlas en término de los modelos educativos a los que refieren. Se trata de modelos educativos que son indisociables de modelos de país o concepciones profundas de sociedad.

En ese sentido, conversando hace unas semanas con el profesor Juan Carlos Carrasco, nos comentaba de su experiencia de trabajo en la Universidad de Utrecht, en Holanda, durante su exilio, en el cual desarrolló una investigación sobre pedagogía comparada y en ese marco sobre las reformas educativas a nivel internacional. Él divisaba en la totalidad de las reformas la convergencia de tres dimensiones complementarias entre sí, de transformaciones profundas en el conjunto de las políticas estatales y en su propia organización de gobierno, tanto en lo que eran las políticas productivas o económicas, como en conjunto con esto las políticas educativas. En aquel momento, en la década del 70 e incluso del 80, predijo que iba a llegar a nuestro país algo que ocurrió con el intento de reforma de Adela Reta, que quizá fue el primer intento de forma educativa y luego con lo que sufrimos con la autoritaria reforma del profesor Germán Rama.

Con estos comentarios previos queremos enmarcar un poco nuestra presentación.

Al abordar el tema de un Sistema Nacional de Educación surgen inmediatamente algunos núcleos de problemas a debatir y resolver. Algunos son problemas antiguos en la educación de nuestro país, como el problema de la formación docente, la formación técnico profesional terciaria no universitaria o el problema de las interfases entre los diferentes niveles educativos.

En lo que refiere al tema de la formación docente, esta Asamblea de alguna forma ya ha discutido cuando analizó el proyecto de “Ley Fau” y aquel intento de otorgar por decreto el nivel de licenciatura a los títulos de Maestro y en la propia resolución de la Asamblea se vio la necesidad de que esto no fuera un decreto sino que proviniera de transformaciones profundas de la propia estructuración de la formación docente en el país, de su necesaria organización autónoma, cogobernada, de libertad de cátedra, etcétera, para que luego sí el nivel de licenciatura se alcance por mérito y no por decreto.

A nivel de formación técnico profesional terciaria hay mucho por recorrer. Es quizás uno de los aspectos del sistema educativo uruguayo que tiene más retraso. Sobre esto en la Asamblea existen importantes aportes. Ayer, en un panel que organizó el INJU, el profesor Markarian se refirió al tema. Existe toda una historia que signa la formación técnico terciaria profesional no universitaria, que parte de su origen casi como orfanato, como institución disciplinadora, incluso inserta en lo que era el Ministerio de Guerra o en lo que hoy es el Ministerio de Defensa; luego esto pasa a instituciones con las características de lo que hoy es el INAU y recién en los comienzos del siglo XX, con la reforma de Figari, esto se redimensiona, pero aún hoy hay un atraso muy importante y hay mucho por recorrer. Esto es así también en lo que hace a la transformación integral de las interfases, en el marco de una concepción global de un sistema.

Sobre estos temas existen grupo de trabajo mixtos entre la Universidad y la ANEP que, sin duda, cuando llegue la oportunidad de discutirlo aquí --están agendados en el temario votado por la Asamblea--, podrán ser un insumo importante para la discusión. En ese momento haremos aportes más específicos sobre esos temas.

Existen también otros problemas de nuestro sistema educativo cuya formulación, con estatuto de problema, es más o menos reciente y a nuestro entender responde a una especie de confusión ideológica que estas transformaciones han aparejado. Un ejemplo de un tema cuyo problema es más o menos reciente en términos históricos es el de la relación entre la educación pública y la privada.

¿Al hablar de un sistema nacional de educación de qué estamos hablando? ¿Estamos comprendiendo también a la educación privada? El discurso neoliberal, que también en el campo educativo se ha erigido como un discurso hegemónico, ha buscado reconfigurar la relación entre lo público y lo privado en el campo educativo, en el cual se han producido diferentes propuestas, según nos situemos en la educación superior o en otros niveles educativos. El objetivo, ya experimentado en otras partes del mundo, es el retiro del estado de sus obligaciones primordiales y el abandono a la dinámica del mercado, erigido como regulador natural de toda actividad humana, de cada vez más responsabilidades, también en el ámbito educativo.

Los efectos ya sufridos también en otras partes del mundo han sido los que la configuración de la educación de nivel para las elites que puedan pagarla y una educación concebida casi exclusivamente a menudo en términos de contención social para una parte cada vez mayor de la sociedad.

A la hora de analizar este problema debemos considerarlo en toda su dimensión como parte de un proyecto educativo de sociedad mayor y también debemos tener presente los postulados de la propia Constitución de la República, lo cual aclararía frecuentes “confusiones” en este debate.

El estado uruguayo presta un servicio público esencial de enseñanza y de promoción cultural, lo cual también comprende funciones como las organizadas por la Universidad, como las de creación de conocimiento, extensión y promoción de la cultura superior de la sociedad. Esta responsabilidad estatal está a cargo actualmente de diversos organismos, cuya coordinación es deficiente, lo cual habrá que corregir y solucionar en la construcción de este sistema nacional de educación. Esto no implica en modo alguno confundir la estructuración de un sistema nacional de educación con las actividades privadas en enseñanza, las cuales están protegidas por la Constitución en su artículo 68, hoy mencionado, que consagra la libertad de enseñanza. Esta libertad de enseñanza implica desde un curso de computación a uno de japonés, uno de yoga o astronomía, pero también a cursos equivalentes a los que presta el estado, en cuyo caso éste deberá certificar si existe calidad equivalente. En estos casos esas instituciones privadas son de una gran diversidad, ya que son empresas que pueden tener desde motivaciones religiosas, comerciales, de promoción de lenguas extranjeras, que pueden o no tener fines de lucro, serán reconocidas en los niveles ofrecidos y sus alumnos si lo desean podrán pasar al sistema público. Pero de aquí a pretender confundir lo público con lo privado hay una distancia absurda. Lo privado por su naturaleza no forma parte del sistema nacional de educación. Lo privado por definición es lo opuesto a lo público.

Nos preguntamos, como se pregunta Roque Faraone en un artículo recientemente escrito para su publicación por la FEUU “¿Puede defender el `interés general´ un Director-gerente de una institución de enseñanza privada? ¿Puede hacerlo un Rector-embajador de una cultura o de un Estado extranjero? ¿Puede hacerlo un catedrático-asalariado de una empresa rentable o confesional? Caricaturizo para denunciar la tremenda confusión ideológica en la que hemos caído”.

Una vez despejado este posible equívoco, sólo resta decir que no se trata de un equívoco casual; sino que forma parte del conjunto de transformaciones impulsadas y a menudo efectuadas en la educación pública de nuestro país en los últimos 30 años; transformaciones que a su vez son parte de una ofensiva mayor que abarca el conjunto de las políticas estatales y su propia organización de gobierno.

Por tanto, a la hora de debatir en torno a un Sistema Nacional de Educación, es primordial detenernos en nuestra circunstancia social e histórica, considerar desde donde partimos, y hacia donde queremos ir. A esto nos referimos cuando hablamos de discutir en términos de modelos.

¿De dónde partimos? Partimos de la debacle ocasionada por décadas de neoliberalismo que ha devastado nuestro país. En lo económico nuestro país se ha visto liquidado en su carácter productivo, transformándose en plaza financiera para “capitales gaviota”. Muerta la fábrica el “fordismo” deja lugar al llamado “toyotismo”, con una serie de transformaciones de “flexibilización laboral” que echaron por tierra décadas de conquistas sindicales. Junto a la nueva realidad de vulnerabilidad permanente, de permanente incertidumbre, la cultura del individualismo y la resignación. La ética de la competencia y el naturalismo ético: el proclamado fin de la historia de Fukuyama, la realidad como dato intransformable, a la cual sólo queda adaptarse y sobrevivir en la jungla de la llamada “libre competencia”.

Para esta nueva fase del Capitalismo Global Integrado se hace necesaria la formación de un nuevo sujeto y en este marco deben comprenderse las políticas educativas aplicadas en los últimos años en nuestro país y a modo de receta en los países del llamado Tercer Mundo. En efecto, como señala el equipo de investigadores de FENAPES y de AFUTU: “Las reformas educativas impulsadas y aplicadas en los diversos países de la región no constituyen proyectos aislados. Todas ellas tienden a eliminar todo aspecto liberador, todo sentido crítico de la educación, sustituyéndolos por un papel funcional a los ideales del neoliberalismo. Se insertan en el marco de las transformaciones que se han operado en el capitalismo en su nueva fase de desarrollo, donde el sector dinámico de la acumulación está constituido por el capital financiero (...) Desde esta perspectiva neoliberal, el significado de la educación puede definirse como la calificación individual que permita competir en el mercado de trabajo, cada vez más restringido. El conocimiento es asimilado a una mercancía y se ata así a una educación creadora de competencias”. Es precisamente la concepción de la creación de competencias la que estructura las transformaciones de los contenidos temáticos de la reforma del bachillerato en la autoritaria reforma de Rama.

Al considerar desde dónde partimos es ineludible también considerar que debatimos un sistema nacional de educación para un país de tres millones de habitantes y tres millones de emigrantes, donde más de la mitad de los niños nacen por debajo de la línea de pobreza, donde como enunciara recientemente el maestro Miguel Soler Roca en la apertura del Congreso de Educación Rural, el latifundio lejos de detenerse ha crecido, junto con la extranjerización de la tierra a mano de sociedades anónimas. Se pregunta Soler “¿Dónde estaba antes esa tierra?”. Y se responde: “En poder de los pequeños propietarios, que tuvieron que emigrar a pueblos y ciudades donde nadie los esperaba ni los deseaba, donde otros maestros pobres de niños también pobres vivirán el drama de no poseer una respuesta válida a sus necesidades. De espaldas a estas realidades, la sociedad desahogada y conformista necesita que la maestra rural y la maestra urbana --que hereda los alumnos que aquella no pudo retener-- eduquen como puedan a esos niños, sin hacerse preguntas, sin cuestionar ni cuestionarse; que les enseñen las primeras letras, sin avanzar hacia las últimas, portadoras de interrogantes”.

Considerar entonces de dónde partimos es considerar también las condiciones concretas de trabajo de los docentes de nuestro país, que ejercen en condiciones de penuria salarial, viendo desdibujado su rol de educador en el enfrentamiento cotidiano a situaciones de crisis y violencia social, sin estar formados para esto, al tiempo que aumentan las exigencias burocráticas que cada moda pedagógica trae consigo.

Lo fundamental entonces es tener en cuenta nuestra circunstancia social histórica a la hora de debatir en torno a un Sistema Nacional de Educación; circunstancia social histórica concebida también en su dimensión de esperanza y oportunidad. Esto es importante.

Como todos sabemos, estamos en un contexto en el cual se inicia la discusión de una nueva Ley Nacional de Educación. Un debate que es parte de una discusión mayor en torno a un Sistema Nacional de Educación. Este es un tiempo fermental, que por el alcance anunciado y por las características participativas también proclamadas, en nuestro país es histórica.

De nuestra circunstancia concreta entonces, comprendida tanto en su dimensión dramática como en su dimensión de oportunidades es que queremos hoy emprender la discusión también desde otro aspecto central indisociable de la mera organización de la educación, de la mera referencia a propuestas aisladas en la dimensión del proyecto educativo.

Aquí quisiéramos brevemente enunciar un riesgo que vemos y que también ponemos a discusión. Como fue planteado el proyecto de país impulsado en los últimos treinta años trajo aparejado naturalmente reformas en el sistema educativo solidarias con el sistema impuesto. Es válido pensar que el nuevo proyecto de país, usualmente reseñado en términos de “país productivo”, que se plantea reformular la estructura económica productiva del país, pretenderá junto a esto la readecuación de las políticas educativas a tales fines. Desde esta óptica es de suponer que se consolidarán espacios de formación de recursos pertinentes y necesarios para un determinado desarrollo local y regional planificado. No caben dudas de que esto es importante y necesario. Ahora bien, cabe la posibilidad de que el supuesto detrás de esta perspectiva de la educación sea el mismo supuesto que subyace al modelo neoliberal o al capitalismo de la modernidad del Estado-nación. Esto detrás de los tres modelos subsiste la homologación de la educación a la formación de recursos humanos para el aparato productivo. Una perspectiva democratizadora de la cultura o un proyecto que rescate las mejores tradiciones de la educación uruguaya debiera reflexionar críticamente sobre la aplicación de políticas burocráticas estatales reduccionistas en este sentido. El desafío entonces consiste en construir “desde abajo” y en forma participativa una educación que a la vez que forme los recursos que el país necesita sea concebida como un instrumento constructor de autonomía, un instrumento de transformación del medio social por parte de sus protagonistas directos, una educación para un sujeto consciente, crítico, reflexivo y solidario. Una educación popular y liberadora, sin dogmas confesionales o de mercado, sin mitologías históricas o temas tabú.

¿Cómo se construye este proyecto educativo? Aquí quisiera realizar algunos comentarios más para ir terminando. Uno es la discusión franca y participativa con referencia a cuál es la concepción que orienta este proyecto educativo y sobre la cual ahora voy a mencionar algunos aspectos. Lo segundo que divisamos como condición de producción de este proyecto educativo refiere a la propia organización autonómica y participativa de gobierno del nuevo sistema educativo. Esto es importante.

Al discutir una ley de educación o leyes de educación --no sabemos cuál va a ser el destino de esta discusión y nosotros en ningún momento planteamos una visión dogmática con respecto a lo que lo nuestro no se toca o sólo se discute lo de la ANEP-- hay que pensar que la propia ANEP es una producción de una ley específica y que quizás en el nuevo sistema educativo la ANEP no exista y haya más de una ley. Hay diferentes propuestas. Lo que sí se está discutiendo es cómo se va a organizar y gobernar este sistema educativo, y con respecto a esto en la FEUU por lo menos divisamos tres modelos.

Uno es el que un poco referíamos, que es el que podríamos llamar el modelo de organización de lo educativo que impulsan organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, que llamamos el modelo neoliberal y que refiere a la quita progresiva de atribuciones al estado y la diversificación de esto con el sector privado y a la instrumentación de organismos de injerencia externa como son los que hoy se mencionaban, como el MEMFORD y MECAEP, que tienen características similares y que surgieron luego de la firma de cartas de intención en nuestro país y en ese marco se introdujeron en el sistema educativo y claramente son espacios de injerencia externa en el dictado de las políticas educativas en el país de organismos multilaterales de crédito. Esa forma de organización empresarial es un modelo que también tiene su traducción en lógicas de gestión, como las que entiendo hoy fueron reseñadas, con una quita de atribuciones a los ámbitos participativos y una apuesta a los órganos jerárquicos unipersonales aparentemente neutrales o asépticos en la actividad de gestión, pero con claras atribuciones políticas, desde la política de la no política, desde la falta de discusión y de la mera acción, y el mercado como regulador de todo esto. Ése es un modelo.

Existe otro modelo que podríamos llamar el ministerial burocrático, el modelo que concentra las atribuciones de las políticas educativas en el gobierno, en el Poder Ejecutivo y en un determinado ministerio. Este modelo de alguna forma ha dado terreno a regresivas legislaciones en nuestro país. Vale considerar que las transformaciones fundamentales en la legislación de nuestro país durante el siglo XX fueron realizadas en épocas de autoritarismo o de franca dictadura militar, como la “Ley Etchegoyen” durante la dictadura de Terra, en el 35, que separa a la educación secundaria de la Universidad, que violenta su autonomía o el caso de la ley más regresiva de la historia de nuestro país, la llamada “Ley Sanguinetti”, la Ley 14.101. Cuando se debate esta ley en el Parlamento, Maggiolo claramente fundamentaba cómo la “Ley Sanguinetti” tenía los mismos supuestos filosóficos que la ley de educación de la Italia fascista. Es una ley que arrasa con la autonomía de la educación pública y que concentra las atribuciones sobre las políticas educativas en el Poder Ejecutivo, junto con otro conjunto de cuestiones regresivas y represivas que tenía esa ley. Esa ley fue reformada en el año 85 por la Ley de Urgencia, pero en lo sustancial es lo mismo. La Ley de Urgencia recortó las aristas más represivas. Fue una Ley de Urgencia que se votó como tal, de ahí el consenso que existió en la coyuntura histórica que se vivía, no por sus contenidos, y esa Ley de Urgencia ya tiene veinte años. En esto hay consenso que es una barbaridad.

Existe un tercer modelo, que es el que podríamos llamar el modelo autonómico de organización de lo educativo. El modelo ministerial burocrático tiene a su vez una serie de efectos, porque consagra un excesivo verticalismo jerárquico piramidal, más parecido a una organización militar que a una educativa y por su naturaleza genera lógicas de clientelismo político y de vinculación de las políticas educativas a los vaivenes electorales. Esto era denunciado por Maggiolo en el informe que mencionaba, pero también lo planteaba el mismo José Pedro Varela en los fundamentos de la reforma vareliana. No estoy reivindicando a Varela, sino mencionando el antecedente. Genera una partidización del gobierno educativo y una vinculación a esta dinámica partidaria y al clientelismo.

El tercer modelo que mencionábamos es el modelo que podríamos llamar autonómico. La autonomía la entendemos con una concepción en la cual no existe un grado de autonomía: la autonomía es. Es la autonomía del poder confesional, del poder político, del poder religioso y es la forma de organizar lo educativo según determinadas concepciones. Autonomía no es autoexclusión ni falta de diálogo. Eso responde a otras circunstancias y coyunturas que hay que transformar. Autonomía es autonomía y se actualiza y se vuelve efectiva con el autogobierno, con el cogobierno, con el gobierno participativo de los integrantes directos de lo educativo. Este modelo responde a una concepción de lo educativo que se actualiza en el aula, en lo micro, en lo que podríamos llamar si se quiere el núcleo político. Concebimos los procesos de enseñanza-aprendizaje como los reseñaba hoy y la organización democrática de esos procesos es fundamental. Junto con esto y complementariamente en la propia organización de gobierno, donde todas las voces deben encontrarse para generar de esta forma políticas educativas de largo aliento, consensuadas y democráticamente construidas desde abajo por los reales implicados que son los sujetos populares, los sectores de la sociedad.

Ahora bien, mencioné algunos aspectos históricos, mencioné algunos aspectos si se quiere filosóficos, estructurales, también quisiera terminar con alguna referencia a la dimensión estratégica de la autonomía y el gobierno, en el sentido que es la condición de posibilidades de la construcción del proyecto, pero en sí y por sí no es garantía de esto.

Para terminar quisiera leer una cita que encontré el otro día leyendo una edición de “Jornada”, del periódico de la FEUU, del año 58, cuando se discutía la Ley Orgánica de la Universidad. Aún no había sido aprobada y la FEUU publicaba en su periódico un análisis de la Ley Orgánica y en su fragmento inicial decía: “La Ley Orgánica constituye sólo el medio adecuado para lograr una Universidad auténticamente reformista. En sí misma no es nada, ni implica ninguna necesaria transformación universitaria, si detrás de ella no existen permanentes fuerzas vivas que transformen el mandato legal en un mandato de la conciencia universitaria y luego lo desarrollen en una actividad proficua orientada hacia los superiores intereses del bienestar colectivo. Fuerzas vivas que sean manifestación de conciencia y voluntades estrechamente unidas y vehementemente orientadas hacia un mismo anhelo de justicia social”

Por último también la concepción autonómica y protagónica de participación en estas cuestiones se organiza en todo el proceso de discusión de esta ley; proceso que ahora iniciamos. Esto lo hemos reivindicado, está en los documentos que han sido distribuidos y también somos celosos guardianes de este proceso que se inicia, del cual formamos parte, para que no se disocie una discusión que deberá ser nacional, que deberá alcanzar al medio rural, que deberá alcanzar a los diferentes actores, que no deberá pertenecer a la plutocracia, ni a los partidos políticos, que deberá salir de las paredes de los ministerios y claustros y alcanzar a toda la sociedad. No deberá estar disociado de lo que luego se debata y resuelva en las Cámaras. Entendemos que esta comisión que ahora se forma y que velará por este debate también debería tener el cometido, mediante un Congreso Nacional de Educación, de lograr un proyecto de ley y que sea eso lo que se discuta en las Cámaras, de manera de cuidar que todo el proceso tenga una coherencia interna real y no se pierda una oportunidad histórica de construir entre todos el destino de la educación de nuestro pueblo.

(Aplausos)

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias.

Repartiremos las actas así retomaremos todos estos aportes que a mi juicio --creo que todos estaremos de acuerdo-- fueron muy valiosos.

Muchas gracias. Se levanta la sesión.

(Es la hora 23:00)

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ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO DE LA

Sesión Ordinaria del día

Presidida por el Arq. Carlos Acuña