Apuntes para una participación universitaria
protagónica y a la altura de las circunstancias en el debate de una nueva Ley
de Educación para el Uruguay.
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
Agosto de 2005
1- INTRODUCCIÓN.
La
perspectiva del inmediato abordaje de un “debate nacional” sobre educación de
cara a la transformación de la Ley de Educación vigente significa una
oportunidad histórica para lograr cambios impostergables en la educación de
nuestro país.
Existen
diferentes iniciativas y propuestas anunciadas o insinuadas respecto a cómo emprender
este proceso de debate y construcción de una nueva legislación para lo que hoy
es la ANEP. Como plantea Miguel Soler Roca: “Del cómo se hace una ley depende en parte lo que la misma logre prescribir”[1].
Una
de estas propuestas fue la realizada a la Universidad por el Sr. Ministro de
Educación y Cultura, Ing. Jorge Brovetto. Esta propuesta consistía en que la
Universidad participara, junto con el MEC, la ANEP y la Comisión de Educación
del Parlamento, en una coordinación desde la cual crear una “comisión de
notables” que velara por el buen desarrollo y la pluralidad del debate.
El
CDC discutió esta propuesta en su reunión del 14 de junio pasado, y resolvió:
“1) Expresar el beneplácito
de la Universidad de la República por la iniciativa planteada por el
Ministerio de Educación y Cultura, respecto a la realización de un Debate
Nacional sobre Educación.
2) Aceptar la convocatoria
para la participación de la Universidad de la República en el mencionado Debate
Nacional, realizada personalmente por el Señor Ministro, Ing. Jorge Brovetto,
en reunión mantenida con el Señor Rector e integrantes de los órdenes
universitarios el día lunes 6 de junio pasado.
3) Activar la realización
de un debate interno en nuestra Universidad a los efectos de elaborar posturas
institucionales consensuadas.
4) Remitir la versión
taquigráfica de las expresiones vertidas en Sala en ocasión del
tratamiento del asunto, al Ministerio de Educación y Cultura. (19 en 19)” (Resolución
No. 7 del CDC, 14/06/05)
Tal como consta en
las actas de esa sesión, en el CDC no hubo acuerdo respecto a la propuesta
específica de la creación de una “comisión de notables” que guiara y organizara
el debate propuesto. La generalidad de la resolución (adoptada por unanimidad)
expresa los puntos de acuerdo, omitiéndose la referencia a la propuesta
concreta de la creación de una “comisión de notables”, por ser el tema de la
metodología a adoptar para este debate un tema que no tenía suficiente discusión,
ni mucho menos consenso, en el CDC.
A si mismo, no
obstante haber resuelto “aceptar la convocatoria” a este “debate nacional”, y
“activar la realización de un debate interno” para “elaborar posturas
institucionales consensuadas”, este tema no ha estado desde entonces a
consideración de ningún órgano de cogobierno. Ante esta situación, el Consejo
Federal de la FEUU resolvió, en
su reunión del día 25 de julio pasado:
“Visto:
-
Las
diferentes manifestaciones públicas por parte de los gremios y sindicatos de la
educación, así como del Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP y la
Comisión de Educación del Parlamento referentes a iniciar un debate nacional
sobre la educación de cara a la elaboración de una nueva Ley de Educación para
la ANEP.
-
Las
propuestas concretas existentes referentes a cómo organizar este debate
nacional sobre educación, y la necesidad de que la Universidad se posicione al
respecto.
Considerando:
-
El
Artículo 2º de la Ley Orgánica de la Universidad de la República que plantea como
uno de los fines de la Universidad “Estudiar los problemas de interés general y
propender a su comprensión pública”.
-
La
resolución adoptada por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la
República referente a la participación de la Universidad en un Debate Nacional
sobre Educación, que en su punto tercero reza: “Activar la realización de un
debate interno en nuestra Universidad a los efectos de elaborar posturas
institucionales consensuadas” (Resolución Nº 7, 14/06/05)
-
La
importancia de que la Universidad tenga una participación protagónica en todo
el proceso de debate, incluida la propia organización del mismo.
-
Que
actualmente la participación de la Universidad en este debate, o en su proceso
de organización, no responde al tratamiento del tema por ningún ámbito de
cogobierno.
-
La
necesidad de que la participación universitaria se de desde posiciones
institucionales autónomas, críticas y democráticamente construidas.
El Consejo
Federal de la FEUU, en su reunión del 25 de julio de 2005, resuelve:
-
Proponer
la inclusión del tema Ley de Educación como próximo punto a tratar por la
Asamblea General del Claustro.
-
Proponer
la consideración por parte de la Asamblea General del Claustro de las
diferentes propuestas referentes a la organización del debate nacional sobre
educación de forma de asesorar al respecto al Consejo Directivo Central. ”
Este
era el estado de la discusión sobre este tema en la Universidad cuando el
Ministro Brovetto convoca a la Comisión Coordinadora de la Educación. La reunión
se realizó el pasado 28 de julio, y el orden del día –distribuido en sala- incluía
un segundo punto que rezaba: “Debate educativo hacia una nueva Ley de
Educación”.
Al
tratar este punto, el Ministro realizó una propuesta de creación de una
“comisión ad-hoc” de la Comisión Coordinadora de la Educación, la que tendría
el cometido de “asegurar la pluralidad y participación en el debate”. La
propuesta fue postergada hasta la próxima reunión a pedido del delegado
estudiantil de la Universidad, dado la falta de una postura institucional
respecto a la estrategia general de organización de este proceso de debate.
Es
necesario que la Universidad dedique a la discusión de este tema la atención
que el mismo merece. Esperamos que este documento sirva para reconducir este
tema a los ámbitos de cogobierno, y desde allí emprender una discusión
profunda, autónoma, crítica y democrática. A la altura de las
circunstancias.
2- QUÉ ESTRATEGIA PARA EL DEBATE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA LEY DE
EDUCACIÓN.
2.1- Necesidad de explicitar la estrategia.
En la
mencionada reunión de la Comisión Coordinadora de la Educación, el Ministro
anunció un objetivo (una nueva Ley de Educación), un plazo (este período de
gobierno) y algunos principios del debate (pluralidad, participación). Luego de
esto, Brovetto propuso un instrumento concreto: la “comisión ad-hoc”. Sin
embargo, esta propuesta no provino ni fue fundamentada en función de
determinada estrategia planteada para el logro del objetivo propuesto.
Simplemente se anunció el objetivo y el instrumento.
Pensamos
que la discusión de cualquier instrumento (comisión ad-hoc, grupo de trabajo, comisión
de notables o mesas redondas) debe estar supeditada a una discusión mayor sobre
qué estrategia adoptar para la construcción de una nueva Ley de Educación para
nuestro país, en función de determinados principios y concepciones. A partir de
la estrategia planteada se podrá discutir en concreto los mejores instrumentos
para desarrollarla.
La
discusión aislada de la creación de un instrumento, descontextualizada de la
discusión mayor de cómo lograr el objetivo de la transformación de la Ley,
significa desconocer que existen diferentes ideas y propuestas al respecto, e
implica de hecho tomar postura por una de las estrategias que, en este caso,
aparece velada, oculta, implícita en la aparentemente simple creación de una
comisión.
Es
indispensable explicitar las diferentes estrategias planteadas a fin de dar una
discusión franca, seria y profunda de este tema.
2.2- Los tres momentos del debate.
Pensamos que el debate nacional de cara a
una nueva Ley de Educación, como proyecto nacional que debe ser construido
entre todos, debe emprenderse en un proceso participativo y popular, encaminado
hacia el Congreso Nacional de Educación. Este proceso, según ha sido promovido
por diferentes gremiales de la educación (en particular la Federación Nacional
de Profesores de Educación Secundaria), contiene momentos diferenciados, con
particularidades diferenciadas, según las cuales varía en cada etapa el lugar y
rol de los actores en juego.
El mismo presidente del CODICEN, Prof.
Yarzábal, se pronunció en este sentido en unas jornadas de consulta organizadas
por la Comisión de Educación del Parlamento el 16 de mayo pasado. En esa
oportunidad Yarzábal distinguió tres etapas en el proceso de debate:
a)
Una etapa de debate social y popular.
b)
Una etapa de carácter técnico pedagógico.
c)
Una etapa legislativa (Congreso Nacional de Educación).
Consideramos de fundamental importancia la
etapa de debate social y popular de forma de que sirva de base para las etapas
siguientes, y no se vea de hecho sustituida por las mismas. Tal como plantea la
Prof. Elsa Gatti: “habrá que mantener una permanente ´vigilancia` para que el 1er.
momento, que es el más revulsivo y fecundo, que debería ser “fermental e instituyente”,
no se diluya o quede neutralizado por alguno de los otros dos”[2].
2.3- El Congreso Nacional de Educación.
Las gremiales de la
enseñanza (estudiantiles, docentes y no docentes) en todos sus niveles, así
como el movimiento sindical en su conjunto, hemos propuesto desde el año 2003 el
impulso de un “Congreso Nacional de Educación” con el cometido de elaborar la
futura Ley de Educación. Es llamativo que esta iniciativa, no obstante ser
planteada con insistencia desde el año 2003 por los diferentes gremios y
sindicatos de la educación así como por el PIT-CNT, halla desaparecido del
debate oficial, y ni si quiera se la considere o mencione a la hora de definir
aspectos de la organización de este “debate nacional”. Cuando en la reunión de
la Comisión Coordinadora de la Educación, el delegado estudiantil de la
Universidad preguntó si se estaba pensando en la convocatoria al Congreso
Nacional de Educación, no obtuvo respuesta alguna.
Como fue dicho, pensamos
que el proceso de debate y discusión, con sus tres etapas, debe culminar en el
Congreso Nacional de Educación, concebido como el espacio legítimo de
construcción y debate para la nueva Ley, ya que es éste el lugar en donde deben
confluir las expectativas de todos los actores sociales organizados, y por ende
es allí donde, precisamente, podremos realizar una síntesis que contemple la
diversidad de experiencias cotidianas, y de proyectos de país y de mundo. Una
existencia meramente nominal o testimonial, subordinada luego a una negociación
político partidaria coyuntural, no sería más que repetir el carácter
autoritario de la llamada “Ley Sanguinetti”, heredado por la Ley de Emergencia del
‘85, con las nefastas consecuencias que esto trajo.
3- PRINCIPIOS RECTORES DEL DEBATE
Concebimos
al proceso que lleve a una nueva Ley de Educación como un proceso de carácter
nacional, popular, participativo, que involucre a los actores sociales no
organizados, que llegue al medio rural, al Uruguay profundo y sus grandes
olvidados. En nuestra historia reciente tenemos la nefasta experiencia del
autoritarismo con que Germán Rama impuso su Reforma Educativa, y existe la
saludable intención de no repetir lo mismo a la hora de debatir sobre una nueva
Ley de Educación.
No obstante,
hemos comprobado, en ocasiones, una especie de confusión o ambigüedad terminológica
que creemos necesario saldar a la hora de definir algunos principios que
deberían guiar el debate en sus diferentes etapas. Creemos necesario
diferenciar conceptualmente a la consulta de la participación, y a ésta de lo
que podríamos llamar una escenografía de participación, sin participación real.
Consulta. La consulta es un nivel de participación con
determinadas características, alcances y limitaciones. Según su etimología,
“consultar” significa “pensar con”. El mecanismo de consulta significa un nivel
de participación más o menos puntual por el cual una parte convoca a la otra a
fin de “pensar con” ésta determinadas cuestiones. La diversidad de actores que
deberán participar en el proceso de debate, y las características de cada etapa
requerirán la implementación de mecanismos de consulta. La entidad organizadora del debate (comisión ad-hoc, o
el instrumento que fuere, o el mismo Congreso Nacional de Educación una vez
convocado) impulsará llegado el caso diferentes iniciativas de consulta (a
actores sociales, a notables, a actores y experiencias de otros países, etc.).
Los insumos de estas consultas volverán al ámbito de la entidad, digamos,
consultante, quien los considerará o no, los tendrá en cuenta o no, los
aceptará total o parcialmente, o no lo hará. En todo caso, el actor, digamos,
consultado, no participará en la discusión, elaboración, síntesis y decisión
sobre aquello por lo cual fue consultado.
Participación. La participación significa “formar parte de”, en
este caso, de un proceso de debate y construcción de una nueva Ley de
Educación. Formar parte del proceso en sus diferentes niveles y etapas, desde
la propia organización del mismo, hasta su instancia final en el Congreso
Nacional de Educación. Formar parte implica capacidad de propuesta y decisión, en
una lógica horizontal de construcción colectiva entre diversos actores. Esto,
lejos de negar la singularidad y las diferencias de los actores implicados, las
potencia en el desarrollo de la tarea. Es necesario definir qué actores
participarán en la entidad organizadora del debate, y qué actores tendrán una
participación específica en determinadas etapas. Una vez integrados los ámbitos
“participativos”, se podrán definir e impulsar otros niveles de participación,
como las instancias de consulta.
Escenografía de participación. Si se confunde
participación con consulta se corre el riesgo de montar una escenografía de
participación sin participación real. Así, se montaría una gran maquinaria con
amplificación mediática, diversos actores se sentarían en mesas redondas
instaladas en todo el país, y al final del camino se resolvería el asunto según
los vaivenes de la dinámica partidaria y sus posibles acuerdos coyunturales. Sería
esta una solución mediocre a un desafío de orden superior, e implicaría
desaprovechar una oportunidad histórica sin antecedentes en nuestro país.
A veinte años del
“maquillaje de emergencia” a una ley de educación que avasalló la autonomía,
que ha fomentando el individualismo, y ha habilitado la reducción del sistema
educativo a una mera maquinaria reproductora, dando marco a una creciente
mercantilización de la educación en todos sus niveles (sirviendo de sostén a
una Reforma Educativa en la ANEP que desconoció sistemáticamente tanto a los
actores educativos como sociales en general, para ponderar al sacrosanto
Mercado como “regulador natural” de las relaciones educativas y sostén de los
objetivos de nuestro accionar nacional en este tema) debemos intentar una
amplia socialización del debate, de manera tal de encontrar entre todos una
propuesta de futuro que de cuenta de nuestras aspiraciones como país, de
nuestras múltiples formas identitarias, de los diferentes caminos que utilizamos
para construir organización. Esto implica definir una metodología de debate en
la que se marque sin restricciones un compromiso hacia el debate democrático,
más allá de las puertas de Parlamentos o Ministerios, más allá de las fronteras
y dinámicas partidarias. Estamos en un momento privilegiado para promover un
debate nacional, popular y verdaderamente participativo. En la metodología que
adoptemos para ello estará la justa medida de nuestro compromiso con la
construcción popular del proyecto educativo de nuestro país.
4- SOBRE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL DEBATE.
Una
vez definido el objetivo de construir una nueva Ley de Educación, y una vez
establecida la estrategia para alcanzarlo en un proceso de carácter nacional,
popular y participativo, es necesario, entonces, definir qué entidad tendrá a
cargo la organización e implementación de este proceso, así como sus cometidos
e integración.
En este sentido, una primera cuestión a definir es el ámbito en
el que se radicaría esta entidad organizadora del debate. Vale
aquí considerar, entre otras, la propuesta realizada por el MEC sobre la
creación de una comisión ad-hoc de la Comisión Coordinadora de la Enseñanza.
4.1- La propuesta del MEC.
Habiendo considerado la propuesta del MEC, y
en función de las concepciones y propuestas ya expresadas en el documento, la
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay entiende que el debate
nacional de cara a una nueva Ley de Educación no debería ser organizado ni
dirigido desde la Comisión Coordinadora de la Enseñanza del Ministerio de
Educación y Cultura por los siguientes motivos:
a)
Con esta decisión se situaría la implementación de este debate en una comisión
instalada en el seno del Ministerio y bajo la presidencia del Ministro, lo cual
genera una distorsión de la lógica en que debe emprenderse esta etapa de debate
y construcción con especial respeto por las autonomías de los entes educativos,
y distorsiona el lugar que debe ocupar cada actor en la organización y
desarrollo de este debate.
b)
La comisión Coordinadora de la Enseñanza es un organismo que otorga
representación paritaria a organismos tan diferentes como la Universidad de la
República y las universidades privadas, o los colegios católicos.
c)
Al estar esta comisión ad-hoc instalada en el seno de la Comisión Coordinadora
de la Educación, eventualmente con la delegación de la organización del debate
educativo a este ámbito se estaría resolviendo, de hecho, no otorgar
participación directa en todo el proceso de organización y desarrollo del
debate a actores significativos como ser las gremiales estudiantiles, docentes
y de trabajadores no docentes de la educación.
Creemos que la instalación de la comisión en el seno del MEC
contraviene el sentido participativo que se le quiere imprimir al proceso de
debate, violenta la autonomía constitucionalmente consagrada a la ANEP (en el
mismo sentido por el cual los acuerdos interpartidarios impulsados en el mes de
febrero han impedido al CODICEN designar soberanamente los tres integrantes de
los Consejos Desconcentrados de la ANEP), y contraviene la lógica horizontal
que debe guiar la participación de los actores involucrados.
4.2- Creación de una Comisión Organizadora del Debate y sus cometidos.
Creemos
que deberá erigirse una Comisión Organizadora del Debate de cara a una nueva
Ley de Educación con los cometidos de diseñar mecanismos de implementación que
permitan el desarrollo de las tres etapas mencionadas del proceso de discusión.
La
Comisión Organizadora podrá convocar a diferentes instancias de consulta, así
como crear los grupos de trabajo o subcomisiones que considere necesario a fin
de recabar asesoramiento o avanzar en el trabajo de diferentes aspectos.
Esta
Comisión, como fue dicho, no deberá estar radicada en el seno del Ministerio, y
en determinado momento devendrá en la Comisión Convocante al Congreso Nacional
de Educación, al cual se integrará en la fase final del proceso.
4.3- Integración de la Comisión.
Según
las diferentes propuestas que se han realizado, pueden delimitarse al menos dos
criterios de integración de la entidad organizadora del debate.
Un
criterio puede ser el subyacente a una “Comisión de Notables, similar a la
Comisión para la Paz”, tal como planteaba la propuesta original realizada por
el Ministro Brovetto a la Universidad. Se trata de un criterio de supuesta
representatividad, pero sin representación directa de los actores en juego.
Entendemos que este criterio refuerza la “escenografía de participación” sin
participación real, y genera la imposición del consenso sin procesos de
construcción real de consensos.
Si
realmente se quiere generar un proceso de construcción colectiva, popular y
participativa de este proceso de debate, creemos que debe optarse por un
criterio de representación directa de los actores que se considere deben
integrar esta entidad organizadora del debate. En este sentido, acordamos con
lo propuesto por Miguel Soler Roca, cuando plantea en trabajo ya citado que: “La
Comisión será ampliamente participativa: en ella habrá representantes del Poder
Ejecutivo, en particular del Ministerio de Educación y Cultura pero también de
otros ministerios asociados a diversos títulos
al quehacer educativo, de las Comisiones pertinentes del Poder Legislativo,
del Poder Judicial, de la Universidad de la República, del Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay (INAU), de las Asambleas Técnico Docentes, de todos los
sindicatos de la enseñanza, del PIT-CNT, de las asociaciones de padres y madres
vinculadas a la enseñanza, de las asociaciones de estudiantes, de las entidades
vinculadas a la producción agraria e industrial, del Instituto Nacional de
Colonización, de organizaciones no gubernamentales afines a la educación, de
las entidades representativas de los medios de comunicación, y otras que se
estime conveniente así como, a título individual, personas con competencias
relevantes. En la composición de la Comisión
(cuyos miembros actuarán honorariamente) se buscará un equilibrio entre
los representantes políticos, los profesionales de la educación, los juristas
indispensables y los sectores de la sociedad que puedan ser considerados como
componentes o colaboradores de la comunidad educativa”[3].
5- COMENTARIOS FINALES.
En un documento elaborado en conjunto entre
la FEUU y el Centro de Estudiantes del IPA, declaramos:
Estamos convencidos que el proceso de
elaboración de una nueva Ley de Educación en nuestro país debe contemplar estos
principios, extendiéndolos a otros actores sociales que deberán ser
protagonistas en esta discusión, como el movimiento sindical, el movimiento
cooperativo, las organización de trabajadores y asalariados rurales, los actores
del interior del país.
En el contexto histórico que vivimos, tenemos
el desafío de discutir y construir en conjunto una educación que sea popular,
integral, y transformadora de la sociedad y de los individuos. Transformación
que tiene que pasar por una mayor horizontalidad de su estructura, por una
verdadera participación de sus diferentes actores involucrados, por una
vinculación más estrecha con la sociedad. Y todo esto comienza por ejercerse
desde el momento mismo del inicio del proceso de debate.
En el documento mencionado decíamos junto al
CEIPA: “La autonomía y el cogobierno es un punto de inflexión que por un lado
expresa el largo proceso de luchas por una genuina democratización de la
gestión educativa, y por otro, inaugura el inicio de un proceso de creación y
cristalización de un nuevo proyecto educativo nacional, donde la dignidad de
los fines no esté disociada e incomunicada de las practicas y de los medios
concretos del acontecer educativo. En tal sentido entendemos que la
construcción de un nuevo proyecto educativo nacional tiene que nacer
inexorablemente de estructuras y procedimientos que garanticen la autentica
participación resolutiva de los distintos agentes colectivos efectivamente
vinculados al sistema educativo.” No se puede construir una Ley que consagre la
participación sin participación real de los actores educativos.
¿Cuál es el rol que le compete a la
Universidad en este proceso? Pensamos que es impostergable un cambio en la
forma y lógica en que se ha dado la participación universitaria en este tema,
procurando comprender la oportunidad y desafío histórico que se nos plantea, y
procurando consolidar el mejor aporte posible a esta discusión. Y el mejor
aporte posible es el que se construye desde los principios democráticos de la
Universidad Latinoamericana.
Los mismos principios que guiaron a los
universitarios que en 1935, en plena dictadura de Terra, elaboraron el Estatuto
del ’35 que proponía un “Poder Autónomo Educativo”, y que sirvió de base para
la posterior elaboración de la Ley Orgánica de 1958.
Los mismos principios que guiaron a la Universidad
cuando, ante la discusión parlamentaria de la llamada “Ley Sanguinetti” (la más
regresiva de la historia de nuestro país) realizó aquel magistral informe
planteado por el Rector Maggiollo al Parlamento, en el cual se realizaba una
decidida defensa de la autonomía avasallada por ese proyecto de ley, y se probaba
cómo los supuestos filosóficos de la ley en cuestión eran los mismos de la Ley
de Educación de la Italia fascista.
La Universidad, los universitarios, debemos
comprender el desafío histórico que tenemos por delante. Estamos ante la oportunidad
histórica de impulsar un proceso inédito de construcción social, colectiva y
popular de la educación de nuestro país. La Universidad debe participar en
forma decidida, desde su rol, desde sus fines, desde su aporte específico, autónomo,
crítico, y democráticamente construido.
ASCEEP - FEUU
[1] SOLER ROCA, M; Pensando en la futura Ley
de Educación de Uruguay, Barcelona, Marzo de 2005 (p.2).
[2] GATTI, E; Apuntes para empezar un dia-logos en torno al futuro de la educación, Documento presentado en jornada de trabajo
del CODICEN, Montevideo, junio de 2005 (p. 4).
[3] SOELR ROCA, M; Ob. Cit. (p. 2 y 3).
[4] Documento conjunto de la FEUU y el CEIPA
presentado en el Foro Montevideo de Educación.