URUGUAY EN EMERGENCIA SOCIO-EDUCATIVA

Miguel Soler Roca

Es innegable que a partir del triunfo de la izquierda, Uruguay aborda un cambio político fundamental en condiciones de emergencia tanto social como educativa. Ambos sectores están profundamente imbricados y resultará imposible ocuparse de ellos por separado. En ambos se dan situaciones de emergencia que requieren inmediato tratamiento. Respondiendo a una invitación del Movimiento de Educadores por la Paz, se detallan a continuación diez objetivos que responden a varias características comunes: a) todos requieren un enfoque socio-educativo, dentro de una concepción integral del país y sus problemas; por consiguiente, en su mayor parte conviene que se les dé un tratamiento interdisciplinario; b) todos son más que urgentes, inaplazables, pero deben ser situados en una perspectiva nacional a medio y largo plazo; c) todos son realizables en el corto plazo si existe la voluntad nacional de satisfacerlos y si el magisterio como sector profesional se fortalece y se moviliza para lograrlos; d) todos necesitan que la acción política se conjugue con una fuerte participación popular; e) en los diez casos, la meta es llevar la actual situación a cero, es decir, suprimir totalmente no sólo la actual problemática sino también sus causas.

Los diez objetivos que se proponen son los siguientes:

1. Llevar a cero por ciento el hambre infantil.

2. Llevar igualmente a cero por ciento la subescolarización en la enseñanza primaria.

3. Llevar a cero el analfabetismo puro o funcional entre los jóvenes.

4. Erradicar la ignorancia que padecen actualmente alumnos y docentes respecto a la historia reciente del país.

5. Eliminar las actuales barreras a la participación de la comunidad educativa en la conducción de la acción educativa.

6. Suprimir la pobreza extrema que hoy afecta a los servicios educativos, a los docentes y a los alumnos.

7. Reducir a cero, de inmediato, el endeudamiento externo para la atención de la educación general básica.

8. Erradicar de los procesos educativos toda forma de discriminación, en particular la de género.

9. Suprimir las actuales indefiniciones respecto a la política a aplicar en la educación pública.

10. Liberar al cuerpo docente de toda manifestación de cansancio moral, desaliento o falta de motivación.

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1. No conformarnos con reducir el hambre infantil sino llevarla a cero.

Se dispone de cifras actualizadas que demuestran que la pobreza infantil es más grave que la del conjunto de la población, que una proporción de niños están mal alimentados y que se han producido muertes directamente atribuibles a situaciones de desnutrición. No puede admitirse que esto ocurra en un país dotado de recursos naturales más que suficientes para alimentar a toda su población.

Respuesta: Dentro de los planes para abordar la emergencia social, se ha de dar la máxima prioridad a suprimir el hambre de niños y niñas, principalmente de los más pequeños, los más vulnerables a los efectos de la desnutrición temprana. El objetivo a lograr en no más de un año ha de ser: ningún niño uruguayo debe padecer hambre. Todo niño uruguayo tiene derecho a una alimentación que asegure, en cantidad y calidad, su normal desarrollo. Esto requiere una intensa movilización en la que participen las instituciones gubernamentales correspondientes, todo el magisterio activo y pasivo, pero también, en primera línea, toda la ciudadanía organizada, en particular los padres y madres y los jóvenes. Llevar a 0 % el hambre infantil es tarea del 100 % de los uruguayos. Sin excusas ni ventajas. En la emergencia social que enfrentamos, éste ha de ser el programa de más alta prioridad, de mayor urgencia y de cobertura universal. No parece necesario que para llevarlo a cabo y mantenerlo por tiempo ilimitado se tenga que incrementar la deuda externa. En cambio parece obvia la conveniencia de articularlo debidamente con los esfuerzos que se realicen en favor del llamado país productivo y con una pedagogía que fomente la actividad productiva de alimentos en los centros de formación docente y en los de enseñanza primaria y secundaria.

2. Reducir a cero la subescolarización en la enseñanza primaria

Existen en ciudades y campos niños y niñas en edad escolar que no asisten a la escuela. Son pocos, pero existen, condenados por su actual condición marginal a no tener perspectivas de reingreso al sistema educativo ni posibilidades de plena realización como miembros de la sociedad. Esto es contrario no sólo a su derecho a la educación sino a la legislación nacional e internacional vigente desde mucho tiempo atrás.

Respuesta: También para este objetivo es forzoso un esfuerzo concertado de los poderes públicos, de la sociedad entera y principalmente de los educadores. El objetivo ha de ser: en marzo de 2006, todos los niños en edad escolar han de estar en proceso de recibir su educación primaria. Los caminos para ello serán múltiples, de modo de cancelar a breve plazo todos los déficit que puedan limitar el acceso a la educación primaria. Los comedores escolares, la entrega de vestimenta adecuada, la dotación de materiales de apoyo al aprendizaje, los servicios de sanidad escolar, la adjudicación de becas y subsidios familiares, han de asegurar el carácter compensatorio y totalmente gratuito del esfuerzo educativo. La sociedad civil está llamada a cumplir una labor esencial en la identificación de todos los casos de ausentismo y en la corrección de sus causas. Las Comisiones Pro Fomento Escolar, debidamente reforzadas, desempeñarán un papel protagónico en esta campaña. De los educadores cabe esperar una actitud y una actividad plenamente militante, tanto en lo individual como en lo sindical. Para las zonas rurales convendría discutir la rápida conversión de maestros y maestras rurales en educadores y educadoras de comunidad, brindándoles para ello la capacitación y las retribuciones que correspondan. En áreas de escasa población podría ensayarse la acción de educadores itinerantes, facilitando su traslado con motocicletas, bicicletas o caballos. Convendría proceder con urgencia a una evaluación de la acción inspectiva actual, modificándola en lo que corresponda. Por supuesto, estas medidas de emergencia no suponen el abandono de los objetivos ya establecidos por la ley sobre el derecho a la educación en niveles posprimarios.

3. Llevar a cero el analfabetismo puro o funcional entre los jóvenes.

El analfabetismo puro entre nuestros jóvenes es bajo, pero existe. Debe realizarse un esfuerzo por crear entre aquellos la aceptación del derecho y del deber de saber manejar la lectura, la escritura y el cálculo elemental, sin los cuales no es posible el ejercicio de la ciudadanía. En cambio es más elevado, principalmente en las zonas rurales y suburbanas, el analfabetismo funcional, es decir, la incapacidad de hacer uso cotidiano e inteligente de esas herramientas básicas del saber. El hecho está agravado por la inexistencia casi total de servicios públicos de educación de adultos.

Respuesta: En forma rápida, y principalmente aunque no exclusivamente a partir de las escuelas públicas, han de organizarse servicios de educación de jóvenes que corrijan esta situación. Hay en este terreno inmensas posibilidades para la acción voluntaria. Toda escuela primaria ha de ser considerada un centro educativo al servicio de la comunidad. La alfabetización funcional es un requisito mínimo de instrucción, a universalizar entre la población joven, como medida de emergencia que dé lugar, en el menor plazo posible, a un verdadero programa abierto de educación de adultos. También aquí es forzoso concertar la acción gubernamental con la del magisterio y la de la comunidad.

4. Superar, reduciéndola a cero, la ignorancia de la historia reciente del país que padecen actualmente alumnos y docentes.

La dictadura y la posdictadura han hecho todo lo posible por mantener a los futuros educadores y a los alumnos de todos los niveles en la ignorancia del pasado reciente de la República, en particular respecto a los hechos imputables a la dictadura. SERPAJ, el Movimiento de Educadores por la Paz y las organizaciones sindicales docentes han denunciado esta situación sin que las autoridades de la enseñanza la hayan corregido. En su Informe Final de abril de 2004, la Comisión para la Paz propuso en su párrafo 81 a) lo siguiente: “Se promueva y fomente, a todo nivel, con especial énfasis en los planes de estudio en general y en los procesos de formación de docentes y educadores en particular, un análisis objetivo y global de la triste realidad que vivió el país desde la década de los años sesenta y hasta mediados de los años ochenta, que rescate y valore una realidad completa y veraz y permita entender, asumir y reconocer, en toda su dimensión, las causas y los factores complejos y múltiples que incidieron para generar uno de los períodos más duros y trágicos de nuestra historia nacional”. Hasta la fecha, esta recomendación no ha dado lugar a acción alguna.

Respuesta: Las entidades gremiales docentes y las organizaciones populares que corresponda deberían mantener e intensificar su presión para superar esta situación anómala. Es recomendable que las nuevas autoridades del CODICEN designen una comisión especial, con representación del magisterio y de otros sectores involucrados, con la misión de recomendar los contenidos programáticos a insertar en la enseñanza en general y en la de la historia y la cultura cívica en particular, de modo de colmar esta laguna en la formación de docentes, niños y adolescentes. En el futuro la enseñanza sistemática de los Derechos Humanos y temas afines debe ser uno de los ejes vertebradores de nuestro sistema educativo. Las decisiones iniciales al respecto deberían ser adoptadas temprano en 2005 y las decisiones finales para llevar a cero la situación de ignorancia actual debieran llevarse a la práctica a más tardar en marzo de 2006.

5. Eliminar las actuales barreras a la participación de la comunidad educativa en la definición y gestión de las políticas educativas.

En los últimos tiempos las autoridades de la enseñanza han actuado (reformas importantes incluídas) de espaldas al parecer de docentes, padres de familia, estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa, desconociendo con ello lo que aconseja el sentido común y las recomendaciones de los organismos internacionales. En materia educativa el poder no debe concentrarse en organismos de composición puramente partidaria. En Uruguay han venido siendo sistemáticamente desoídas las propuestas de las Asambleas Técnico Docentes y las opiniones de los organismos sindicales. El cogobierno, importante conquista nacional, ha sido abandonado en la educación preuniversitaria, con pérdida de un saber acumulado de elevada calidad profesional.

Respuesta: Es urgente anular totalmente estas barreras. La futura Ley de Educación ha de democratizar el gobierno de la misma, ha de favorecer la representación participativa de los sectores que forman parte de la comunidad educativa en los órganos de decisión y ha de fomentar en los responsables una actitud abierta a todas las opiniones, de modo de hacer de la educación pública una labor nacional, lo más compartida y democrática posible. El autoritarismo ha de ser urgentemente reemplazado por el diálogo y la corresponsabilidad.

6. Suprimir la pobreza extrema que hoy afecta al sistema educativo, a los docentes y a los alumnos.

Las últimas décadas han llevado a que la escuela pública sea una escuela pobre (extremadamente pobre), con docentes pobres (extremadamente pobres) para alumnos también pobres (en su mayoría extremadamente pobres). La educación, de la mano de la dictadura y de la posdictadura, ha sido empobrecida, de modo que Uruguay, con su 2,5 % del PIB dedicado a la educación según el PNUD, está hoy colocado en uno de los puestos más modestos de la comunidad latinoamericana. La educación en su conjunto ha dejado de ser una prioridad gubernamental, lo que afecta los aspectos técnicos y materiales del sistema educativo; los salarios vigentes han venido reduciendo la gravitación sociocultural que los educadores han de tener en el conjunto social y los obliga a compartir su labor docente con otras tareas que les son impropias; los alumnos provienen en su mayoría de hogares empobrecidos que no pueden contribuir al éxito de su aprendizaje y para muchos de ellos la pobreza es un factor limitante y con frecuencia excluyente que la escuela, ella también empobrecida, no puede neutralizar. El deterioro de la escuela pública se opone al mandato de los fundadores de nuestra nacionalidad, a la honrosa tradición vareliana y al imperio de nuestra legislación vigente.

Respuesta: Ésta no puede ser otra que el cumplimiento, a muy breve plazo, del programa que llevó al poder a las nuevas autoridades, las cuales se han comprometido reiteradamente a devolver a la educación la prioridad usurpada. Ese compromiso debe ser fortalecido por la firme decisión de los sindicatos docentes de luchar por un presupuesto digno y por el cambio de actitud de muchos padres de familia, hoy convertidos, no sin razones para ello, en usuarios de los servicios de la enseñanza privada.

7. Reducir a cero, de inmediato, el endeudamiento externo para la atención de la educación general básica.

En las últimas décadas se ha optado por recurrir al endeudamiento externo para resolver algunas necesidades técnicas y materiales de la enseñanza general. Aparte de que esta práctica ha incrementado las obligaciones a que se verán confrontadas las futuras generaciones, los proyectos que han recibido financiamiento externo han distorsionado lo que siempre fue un sistema nacional de educación y han creado, dentro de la docencia, divisiones en categorías de personal que han resultado una fuente de privilegios y disensiones.

Respuesta: No hay otra que la declaración explícita y terminante de que la educación general es de responsabilidad exclusivamente nacional, en lo filosófico, en lo financiero y en lo técnico. La definición y la ejecución de las políticas educativas han de ser consideradas actos intransferibles de soberanía nacional, lo que no impide, naturalmente, que el país se considere miembro activo de la comunidad internacional, dispuesto a compartir su saber y sus experiencias. Los proyectos en actual ejecución han de ser renegociados de manera de cancelar en el menor plazo posible los compromisos financieros y las situaciones de excepción que hoy afectan al sistema educativo y al personal docente. No se trata de una vuelta al pasado sino de poner al día, con cobertura nacional, una gestión soberana y responsable de la labor educativa.

8. Erradicar de los procesos educativos toda forma de discriminación, en particular las de género.

En teoría, la trayectoria social y política del país ha sido siempre contraria a toda forma de discriminación. No obstante, siempre ha habido una discriminación de género, hoy acentuada por la creciente generalización de la pobreza femenina. La concentración de pobres en los servicios educativos públicos obliga a ejercer una particular vigilancia respecto al tratamiento igualitario del alumnado, lo que no se reduce a una cuestión de actitud de la comunidad educativa sino que va más allá, imponiendo toda suerte de medidas que corrijan la desigualdad y eviten el riesgo de discriminación abierta o encubierta. Con respecto a la mujer, la sociedad uruguaya, como tantas otras, no le ha garantizado condiciones equitativas de existencia, de trabajo, de participación cultural y social.

Respuesta: La escuela pública es la de todos y aunque esté actuando en una sociedad hasta aquí progresivamente escindida en diferentes estratos sociales, no puede tolerar ninguna forma de discriminación. En particular la niña ha de crecer con plena conciencia de sus derechos, lo que ha de ser preocupación obligada de todo el sistema educativo. Resulta fundamental que la acción educativa ofrezca, por diversas vías complementarias, a niños/as, adolescentes y adultos/as la capacitación necesaria para la comprensión científica de su ser biológico y de sus respectivos derechos y para el cuestionamiento de los roles que tradicionalmente se han adscrito a hombres y mujeres. Las autoridades de la enseñanza incluirán la educación sexual para ambos géneros en todos los niveles de la enseñanza. En las zonas menos favorecidas, las instituciones educativas se preocuparán por ayudar a las adolescentes en situación de riesgo a evitar la maternidad prematura. Todas estas medidas, y otras conducentes al mismo fin, debieran estar en ejecución en el plazo de dos cursos escolares.

9. Suprimir las actuales indefiniciones respecto a la política educativa nacional.

Los docentes se quejan hoy de que su trabajo carece de líneas rectoras, de una plataforma de principios y objetivos que dé pleno sentido a su labor cotidiana con alumnos provenientes de una sociedad en gran parte dislocada, también ella carente de un proyecto solidario nacional. Se preguntan a qué valores han de responder los procesos educativos, cuestionamiento difícil de colmar cuando la sociedad se les aparece, también, conformada según valores contradictorios, muchos de ellos propios de situaciones de alta competitividad en un mundo que ha renunciado a coordenadas tradicionales como la igualdad y la fraternidad y donde el ejercicio de la libertad está restringido por las condiciones objetivas de la existencia, hoy negativas para un tercio de la población nacional. Esta situación, que tiene innegables raíces políticas extraescolares, influye definitivamente en la orientación y resultados de la labor docente. Una parte del magisterio, y sobre todo el magisterio joven, trabaja en la incertidumbre por la falta de vigencia de políticas educativas explícitas, en momentos en que el conjunto de la nación, a su vez, se muestra carente de un rumbo preciso y compartido. Esta situación se presenta tanto entre los maestros en ejercicio como entre los actuales estudiantes de magisterio.

Respuesta: Es urgente que el nuevo gobierno y la sociedad entera inicien un análisis participativo, por un lado de los grandes objetivos de la sociedad uruguaya para los próximos años, para lo cual son una base útil los contenidos programáticos de las fuerzas de izquierda que triunfaron el 31 de octubre pasado y, por otro, un debate específico en torno a los fines, principios y organización de la futura educación pública, de manera que ésta resulte guiada por el proyecto general de sociedad y a la vez contribuya a hacerlo viable. Según las opiniones más generalizadas, esta labor debería culminar en dos instancias, a cconcretar en un plazo no superior a los dos próximos años: el Congreso Pedagógico Nacional y la adopción de una nueva Ley de Educación. En tanto se sustancian estas propuestas, corresponde al CODICEN, en acuerdo con las organizaciones docentes, ir suprimiendo las trabas administrativas a la creatividad propia del magisterio nacional, ir fomentando la experimentación de nuevos contenidos y métodos, ir alentando formas de participación popular en el quehacer educativo, ir fomentando el surgimiento o en su caso la consolidación de un espíritu de confianza en la pronta recuperación de la elevada calidad que supo tener la enseñanza pública nacional. En todo caso, los debates han de estar enmarcados por dos principios irrenunciables: el de autonomía y el de participación. No parece prudente lanzar en lo inmediato un proceso de verdadera reforma educativa, para la cual se requerirían los resultados del propuesto Congreso y las estipulaciones de la nueva Ley.

10. Finalmente, urge liberar al cuerpo docente de toda manifestación de cansancio moral, desaliento o falta de motivación.

El magisterio (ello resulta fácilmente constatable cuando éste recupera el derecho a expresarse), está soportando una intensa angustia existencial y profesional. Ante el derrumbe del bienestar colectivo y de la fortaleza de la educación pública, no puede dejar de cuestionarse el sentido final de su esfuerzo y el impacto de su acción en la sociedad y en el destino de cada uno de sus alumnos. Se pregunta, además, por cuánto tiempo será él como profesional tratado con injusticia y menosprecio y en qué grado sus preocupantes vivencias personales son compartidas por el colectivo sindical y cómo hacer para que el Pueblo entero, que es el destinatario natural de sus afanes, comprenda las condiciones en que trabaja y coadyuve al restablecimiento de una normalidad perdida.

Respuesta: La hemos de dar entre todos, individual y colectivamente. Reducir a cero los mencionados síntomas hoy muy perceptibles, será la mejor vía de devolver a la educación nacional la salud perdida. Corresponderá a las nuevas autoridades responder a la confianza que el Pueblo ha depositado en ellas haciendo el máximo esfuerzo por redignificar la función enseñante, dotándola ante todo de un vigoroso respaldo moral y de los medios de que sea posible disponer para que los educadores vivan y trabajen en mejores condiciones y recuperen en la sociedad el lugar que les corresponde como servidores de una de las funciones fundamentales en toda sociedad. Entre estas medidas se impone una revisión de los fines y métodos de la formación magisterial, la organización de actividades de capacitación e intercapacitación de los maestros en ejercicio, la reformulación de la teoría y la práctica de la función inspectiva y la revisión de los objetivos y las condiciones de funcionamiento de las Asambleas Técnico Docentes. Es forzoso asumir con plena conciencia la urgencia de dar por terminada la angustia en que hoy trabajan los docentes, vigorizando el presupuesto, naturalmente, pero sobre todo robusteciendo el discurso, olvidado por demasiado tiempo, de defensa de la educación pública, de arropamiento colectivo de la institución básica de la sociedad, de estímulo a la organización de las fuerzas populares a las que consta que el destino de sus hijos depende de que dispongan de una buena escuela, una escuela que no es la de hoy, ni tampoco la de ayer, sino la escuela pública de mañana. Una escuela pública que no hay que reconstruir sino que conviene construir a la altura del nuevo siglo y de la nueva política por la que mayoritariamente hemos optado. Y a los maestros, no sólo cabe pedirles que hagan el esfuerzo de recuperar sus íntimas ilusiones sino también el de movilizarse, de reorganizarse, de trabajar colectivamente en la creación de las bases materiales y técnicas de una nueva esperanza.

Montevideo-Barcelona, fines de 2004.